Ley para crear el Centro de Documentación sobre la Inundación del Salado en el 2003

Autor: Mario Cáffaro

Al día después de que la ciudad de Santa Fe festejara un nuevo aniversario de su fundación, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto por el cual"se declara feriado administrativo en todo el territorio de la provincia el día 15 de noviembre, el que tendrá carácter optativo para el comercio, la industria y la banca". El texto, de apenas dos artículos, dispone además que en esa fecha, el gobierno de la provincia establecerá su sede en Cayastá, departamento Garay, en el sitio donde se han descubierto las ruinas de la primitiva ciudad de Santa Fe.

El tema se originó en un proyecto del senador Ricardo Kaufmann (PJ-Garay) que votó el 26 de agosto el Senado y que con los respectivos dictámenes de comisiones llegó ayer al recinto de Diputados donde fue votado por unanimidad. La casualidad hizo que Diputados haya adelantado 48 horas la sesión semanal y que la sanción se diera al día después de una fecha que por sucesivos decretos del Poder Ejecutivo era asueto administrativo -únicamente- en la ciudad de Santa Fe y en la localidad de Cayastá."Es una forma de anclar la provincia en su historia", señaló luego el radical Hugo Marcucci al justificar llevar el feriado administrativo a toda la provincia.

Lo de constituir el gobierno de la provincia en Cayastá en dicha fecha también es una cuestión contemplada en cada uno de los decretos sobre la fecha.

La Cámara Baja adelantó la sesión debido a que varios de sus integrantes viajarán a un encuentro de parlamentarios americanos que se realizará en Mar del Plata, sin embargo ayer, la reunión se hizo con quórum estricto para votar unos cincuenta proyectos de resolución o de comunicación que habían sido despachados por comisiones la semana pasada así como una decena de leyes que -en principio- no ofrecían diferencias entre los bloques. No obstante, el cuerpo debió hacer un extenso cuarto intermedio para limar un proyecto modificando la Ley Orgánica del Notariado en la parte referida a los escribanos adjuntos.

Notariados e inundación

La modificación a la Ley del Notariado se originó en un proyecto de las diputadas Inés Bertero (PS) y Rosario Cristiani (PJ) con firmas de otros diputados de esos bloques así como radicales y demoprogresista que apunta a crear el cargo de"adjunto" en los registros que tengan mucho trabajo."Cada titular puede compartir su registro notarial con un adjunto que será nombrado por el Poder Ejecutivo" comienza diciendo la nueva redacción del artículo 21 de la Ley 6.898. Se establece que ese adjunto debió haber participado en el concurso, ubicándose entre los primeros en orden de mérito. En cuanto al titular deberá tener un registro notarial no inferior a 5 años; acreditar un mínimo de escrituras y actas que justifique la incorporación del adjunto y que si bien el número se reserva a la reglamentación, sería de 500.

Sobre el tema hubo una sugerencia del Colegio de Escribanos que en nota a la Cámara pidió se avance en la reglamentación de la figura que fue tenida en cuenta por las autoras al momento de elaborar el proyecto."El Colegio aceptó el concurso pero pretendió que cada escribano elija su adjunto por una cuestión de confianza, hecho no convalidado por los legisladores", explicó Bertero. En cambio, se introdujo una cláusula donde el titular puede fundar su rechazo y éste debe ser aceptado por el Colegio con fundamentos.

Por otra parte, también Diputados dio media sanción a un proyecto de ley del oficialista Antonio Riestra (SI) por el cual se crea el Centro de Documentación sobre la inundación del río Salado de 2003"cuyo objetivo es preservar la memoria de ese acontecimiento, que no tiene precedentes en la historia de la provincia, por su impacto económico y social", según reza el artículo 1.

El dictamen votado determina que el Sistema Provincial de Archivos de Santa Fe será la autoridad de aplicación. Se considera documento"cualquier objeto textual o no, que brinde información sobre el fenómeno hídrico, sus antecedentes, efectos sobre el territorio e impacto social sobre bienes y personas, hasta la actualidad". Además obliga a los órganos públicos provinciales y municipales a remitir -obligatoriamente- copia al Centro de Documentación de todos los documentos en su poder que se vinculen directa o indirectamente con dicha crecida.