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En el 50 aniversario del derrocamiento -apoyado por Estados Unidos- de João Goulart en Brasil, su hijo, João Vicente, solicitó al Senado brasileño que exija oficialmente la desclasificación de documentos estadounidenses todavía secretos sobre las operaciones encubiertas que contribuyeron con ese dramático golpe.

Dadas las tensiones en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, generadas por una forma más moderna de penetración estadounidense en los asuntos internos brasileños, parece improbable que el gobierno de Barack Obama divulgue esa documentación en lo inmediato.

Pero si alguna vez hubo una oportunidad de usar registros históricos estadounidenses desclasificados como una herramienta diplomática única, ese momento es ahora.

El Gobierno de EE.UU. ha practicado el arte de la diplomacia desclasificada en varias naciones, evaluando y divulgando miles de registros almacenados en las "instalaciones seguras y de información compartimentada" de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Departamento de Defensa y el de Estado (Cancillería), como gestos diplomáticos, así como para promover los derechos humanos, la verdad y la justicia.

Como otras herramientas de política exterior -ayuda económica, comercio y apoyo diplomático-, estos registros históricos pueden realizar una contribución potente a la promoción de los intereses de Estados Unidos en materia de estabilidad y de una comunidad mundial pacífica y más justa.

En Ecuador, por ejemplo, pese a las tensiones con el gobierno de Rafael Correa, la administración de George W. Bush (2001-2009) realizó un gesto importante de desclasificación especial de registros del Departamento de Estado para ayudar a la Comisión de la Verdad ecuatoriana.

En Chile, tras el arresto del general Augusto Pinochet en Londres, el gobierno de Bill Clinton (1993-2001) ordenó la revisión y divulgación de 23 000 documentos secretos. En una ceremonia pública celebrada en la Biblioteca Nacional de Santiago, el embajador de Estados Unidos, John O'Leary, vació decenas de carpetas llenas de registros desclasificados de la CIA, del Consejo de Seguridad Nacional, del Departamento de Estado y del de Defensa.

Desde mediados de los 70, el Gobierno de EE.UU. viene desclasificando documentos secretos sobre su rol en el golpe de Estado, a través de procedimientos rutinarios y de la Ley de Libertad de Información.

Incluso las grabaciones de la Casa Blanca en las que los presidentes John Fitzgerald Kennedy (1961-1963) y Lyndon Johnson (1963-1969) discutían las complejidades de la conspiración golpista, el cambio de Régimen y la intervención militar en Brasil con sus asesores, están ahora disponibles para el escrutinio público.

Gracias a estos registros conocemos muchos de los detalles secretos de la "Operación Hermano Sam", el plan del Pentágono para suministrar armas, gasolina y hasta tropas de combate si fuera necesario para garantizar el éxito del golpe militar.

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