El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de admitir a trámite la demanda presentada por el investigador Policarpo Sánchez contra el departamento de Cultura de la Generalitat, en la que reclama la devolución de «los documentos trasladados ilegalmente de Salamanca a Cataluña», entre los que hay cientos de papeles del PSOE de Asturias, el Consejo Soberano de Asturias y León y otros titulares asturianos. «La Generalitat deberá facilitar en 20 días el expediente por mandato judicial, pues por vía administrativa no lo logramos», destaca el el investigador.
El juez tendrá que estudiar ahora su petición, que reclama la devolución «de todos los documentos y otros efectos que no fueron incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña». En su opinión, «la ley ha sido claramente vulnerada, al haberse restituido documentos y efectos que no cumplían estos requisitos». También hay otros, como los relativos a Asturias, que tal y como ha ido desvelando en los últimos años EL COMERCIO, no han sido restituidos a sus legítimos propietarios. Esta documentación se reclama por dos razones: por haber transcurrido el plazo previsto para su restitución sin haberse realizado y por haberse cometido irregularidades en su entrega, como haber otorgado su titularidad a personas o entidades que nada tienen que ver con sus legítimos propietarios o sus sucesores». Según Sánchez, «no solo es culpable la Generalitat, sino quien se ha prestado como colaborador necesario para que el Archivo Nacional de Cataluña engrosase sus estanterías con lo que no le pertenece». Uno de los cuatro casos que engloba en este apartado es el del Centro Asturiano de Barcelona que, a juicio de Sánchez, «no es heredero del existente durante la guerra, por lo que ha reclamado para sí una documentación que no le correspondía», mantiene. Además, también reclamará aquellos papeles de los que no se dejó copia digitalizada en Salamanca, otra de las condiciones para su restitución que «tampoco han cumplido».
Por otra parte, la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de Enero de 2013 deja claro que la Generalitat no adquiere la propiedad de los documentos que no hubiesen podido restituirse; se dice expresamente que si esta restitución no se puede producir, por no haberse podido acreditar su titularidad, los documentos siguen integrando un archivo de titularidad estatal. Aún así, Cataluña dice que buscará fórmulas y acuerdos para poder conservarlos en su poder. «No admitiremos ninguna solución que no pase por el estricto cumplimiento de la ley y acatamiento de lo dictado por el Constitucional», advierte Sánchez.
Finalmente, anuncia que pedirá responsabilidades a los responsables, tanto en Cataluña como en el Ministerio, si se confirman las irregularidades denunciadas.
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