Su lucha por recuperar los documentos trasladados del Archivo Nacional de Salamanca a Cataluña, entre los que hay al menos 27 cajas de papeles relativos a Asturias, le conduce directamente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Allí presentará una demanda antes del 25 de marzo para tratar de demostrar la irregularidad de una serie de traslados realizados «sin ningún criterio científico». Es por eso que, a la hora de analizar cómo es posible que una comunidad autónoma como la catalana pueda apropiarse de «la memoria histórica de Asturias y de otras 17 provincias de 8 comunidades», solo encuentre una explicación: «es una estrategia que forma parte de una hoja de ruta hacia la independencia».
-Cataluña acaba de rechazar una solicitud suya en la que pedía que devolviese la documentación que se llevaron de Salamanca. ¿Qué es lo que les pedía exactamente y qué va a hacer a partir de ahora?
-Les pedíamos que cumpliesen la Ley de Restitución que ellos mismos acordaron con el Gobierno central, puesto que sus actuaciones rebasan el marco legal acordado. Les pedimos que cumplan el mandato del Tribunal Constitucional que les obliga a devolver los documentos que no deberían haberse llevado, puesto que no los han devuelto a sus legítimos propietarios y el plazo para hacerlo ya se ha acabado. Además no han cumplido las condiciones pactadas para realizar el traslado.
-¿Cuáles son esas condiciones?
-Que sean documentos incautados en Cataluña, que pertenezcan a instituciones o particulares con domicilio en Cataluña y que se deje una copia del original en el archivo de Salamanca.
-¿Se cumplen estos requisitos en el caso de las cajas relativas a Asturias?
-El único caso es el de un libro de actas del antiguo Centro Asturiano en Cataluña, pero aún así, ese libro de actas se le ha entregado al actual Centro Asturiano de Barcelona, creado en 1952 y que no es heredero del anterior. También les han entregado toda la documentación que pasó por aquel primer centro, en su mayoría perteneciente a la Agrupación Socialista Asturiana, aunque también hay algunos papeles pertenecientes al Consejo Soberano de Asturias y León. En todo caso, tampoco han dejado copias de todos los documentos. Ha sido todo un despropósito.
-¿Cómo es que ahora están en el Archivo Nacional de Cataluña?
-La Generalitat, en mi opinión, comete un fraude de ley al otorgar la titularidad de los documentos al actual Centro Asturiano de Barcelona, que a cambio se los cede para su archivo. Y lo hacen conscientemente con el objetivo de quedarse con los documentos, porque saben que el actual centro asturiano no tiene nada que ver, ni siquiera tiene el mismo nombre, con el fundado en 1930, que se convirtió al final de la guerra en el centro de recepción de refugiados asturianos, una especie de embajada del Gobierno asturiano, tal y como se desprende de la documentación que se han llevado.
-¿Quién es el responsable de que esos documentos pasen de estar custodiados en un archivo nacional a estar en un archivo autonómico?
-Hay toda una cadena de responsables. La primera, la comisión mixta Gobierno Central-Generalitat que sin ningún rigor histórico ni criterio científico alguno aprobó el traslado indiscriminado de documentación, y sin consultar a los expertos asturianos en la materia, lo hicieron a sus espaldas. Una vez en Cataluña, es la Generalitat la que comete un fraude de ley para quedarse con los documentos, y utiliza como cómplices a algunas instituciones, como el actual Centro Asturiano de Barcelona, para darles la titularidad a cambio de que se los cedan.
-¿Qué interés pueden tener en Cataluña en acumular estos documentos?
-He llegado a la conclusión de que es un punto de inicio de una hoja de ruta hacia la independencia. Una estrategia destinada a romper el archivo nacional, a fragmentarlo, porque no quieren estar junto a los demás. Quieren tener una colección propia de documentación histórica para poder crear una historia a su medida, pero para ello están violando la ley y no respetan una sentencia del Tribunal Constitucional. Como en muchos otros asuntos, están en estado de rebeldía y no respetan a las instituciones españolas.
-¿Cuál es el valor histórico de esos documentos?
-Tienen sobre todo un valor informativo, nos permiten conocer la historia, pero además tienen un valor jurídico, puesto que nos permiten certificar cuestiones tales como la gran corriente migratoria de asturianos que salieron de Gijón por mar y llegaron a Cataluña a través de Francia. También de todos aquellos asturianos que tomaron como domicilio el Centro Asturiano e hicieron una ingente labor de apoyo a los refugiados, distribuyendo alimentos, bienes esenciales, gestionando reencuentros...
-¿Cómo cree que acabará esto?
-Vamos a ganar el juicio porque la razón está de nuestra parte y tenemos las pruebas para demostrarlo. La Generalitat no ha entrado en razón a pesar de que se lo hemos pedido mil veces por vía administrativa y no nos deja otra opción que demandarles en el juzgado. Finalmente, sería un escándalo que no lográsemos que se cumpla la ley. Lo triste es que para conseguir algo tan elemental y lógico como esto debamos los ciudadanos llegar a los tribunales.
-¿Cómo está tan seguro de que un juez le dará la razón?
-El propio consejero de Cultura nos dice en su respuesta, una resolución firmada por él, que recibieron documentos que no debían haber sido trasladados y que algunos están sin digitalizar. En definitiva, reconoce que no está cumpliendo la ley.
-¿Podrán volver alguna vez los documentos a Asturias?
-Por ahora debemos demostrar que no son de Cataluña. Cuando demostremos eso volverán a Salamanca porque así lo exige el Tribunal Constitucional. En el caso de que el Gobierno asturiano o el PSOE quieran que estén en Asturias, siempre cabe la posibilidad de aprobar después una ley en el Congreso que lo permita.
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