El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, manifestó
que la memoria histórica del conflicto armado en Colombia está sesgada ya que no
se han tenido en cuenta grandes masacres y violaciones del Derecho Internacional
Humanitario
"A la CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación) para que esa
memoria histórica no se instrumentalizada y referida simplemente echa de menos
la Procuraduría que en la base de recolección de elementos documentales no
existe ninguna que se refiera barbaries y genocidios provocados en Colombia"
,dijo Ordóñez.
"El Centro de Memoria Histórica tiene el deber de
documentar todas las acciones cometidas por todos los grupos armados ilegales y
no solamente las de algunos de ellos", afirmó el jefe del Ministerio Público,
Alejandro Ordóñez Maldonado.
En su pronunciamiento, el Ministerio Público
expresó su preocupación porque la preservación de la memoria histórica
únicamente se haga en relación con un actor armado, como ha venido ocurriendo
con los informes emblemáticos del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión
Nacional de Reparación Reconciliación.
Al respecto, solicitó a todas las
entidades estatales que tienen en su poder estos archivos documentar los
crímenes de todos los actores armados y adelantar las acciones necesarias para
proteger los archivos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
(DIH).
Llama la atención del Ministerio Público el hecho de que algunas
entidades que tienen a cargo estos archivos de derechos humanos y DIH no están
cumpliendo a cabalidad con la Ley General de Archivos, cuyo objetivo es
establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística
del Estado, y los Acuerdos del Archivo General de la Nación.
En ese
sentido, advirtió que las entidades estatales no cuentan con inventarios de la
totalidad de los expedientes; no se registra en el debido formato el número de
folios; no se cuenta con asignaturas topográficas. En muchos casos se encontró
que no se habían diseñado ni implementado sistemas integrados de conservación
que garanticen la integridad física y funcional durante todo el proceso de
producción documental.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Procuraduría
exhorta a todas las entidades públicas para que mediante el diseño y la
ejecución de políticas que cuenten con los debidos recursos administrativos,
logísticos y de gestión, asuman sus deberes archivísticos en aras de superar las
dificultades y carencias advertidas.
De igual forma, pidió a Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que -en aras de la
verdad y la memoria colectiva- expida y aplique los Acuerdos necesarios para el
manejo archivístico en todo el país de los diversos expedientes judiciales que
aludan a derechos humanos y DIH que involucren a todos los grupos armados
ilegales.
Por último, la Procuraduría reiteró su petición al Archivo
General de la Nación para que expida los acuerdos necesarios para reglamenten lo
concerniente a los archivos de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, teniendo en cuenta las características propias del tema de memoria
histórica, y continúe impulsando el diseño de los planes de mejoramiento
archivístico que requieren las entidades visitadas por el Grupo de Inspección y
vigilancia y las que aún no han sido visitadas, y en consecuencia, acompañe su
ejecución.