Publicado el: 06/02/2012 / Leido: 10816 veces / Comentarios: 0 / Archivos Adjuntos: 0
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, señaló ayer en el Congreso de los Diputados , durante su primera comparecencia en la Comisión de Cultura, que su postura respecto a la Ley de la Memoria Histórica que facilita la devolución de los documentos almacenados en el Archivo de Salamanca a Cataluña es «sencillísima: cumplir la ley». De hecho, afirmó ante los diputados de la mencionada comisión que «yo le diría que nuestro programa en esta cuestión es sencillísimo: cumplir la ley», respondió al diputado por Zaragoza Chesús Yuste Cabello, representante de Izquierda Plural, que le formuló una pregunta sobre esta cuestión, informa Ical.
«No tenemos otro condicionamiento ni otra voluntad, cumplir la ley», se reafirmó el responsable de Cultura, para explicar que la complejidad que a veces supone la determinación de la titularidad de los documentos «se intentará resolver de la forma lo más equitativa posible». Wert subrayó que «en ningún caso» es su voluntad «no cumplir la ley ni retrasar» su desarrollo efectivo.
Por otra parte, el ministro de Cultura, Educación y Deporte puntualizó que en el caso de los papeles de Salamanca específicamente referidos a problemas vascos hay dos casos diferentes: la documentación que se refiere al PNV, incautada de la sede de Bilbao, y, otro, documentos particulares del lehendakari Aguirre. En este punto, aseguró que estos últimos documentos tienen que ser solicitados por los familiares, puesto que son documentos de personas físicas.
Sin embargo, apuntó que la ley sólo contempla la devolución de documentos gubernamentales a Cataluña. «La ley establece una diferencia entre Cataluña y el resto de comunidades autónomas», apuntó José Ignacio Wert, subrayando que en este caso también su propósito es cumplir la norma.
Previamente, Chesús Yuste le había preguntado si tenía intención de atender las reclamaciones que se han producido desde otras comunidades autónomas, también desde corporaciones locales, administraciones todas ellas que, a su juicio, «tienen derecho a recuperar la documentación incautada por la fuerza por el ejército vencedor en la Guerra civil».
En concreto, el parlamentario aragonés se refería a los papeles de Aragón, tanto los que permanecen en Salamanca como los que, «por error, han sido entregados al Museo Nacional de Cataluña», en referencia a la denuncia que realizó en su momento el técnico en archivística, Policarpo Sánchez, sobre la salida de documentos pertenecientes a otras comunidades o instituciones no catalanas.
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