Alegato contra el coleccionismo privado de manuscritos

Publicado el: 27/01/2015 / Leido: 5680 veces / Comentarios: 0 / Archivos Adjuntos: 0

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Alegato contra el coleccionismo privado de manuscritos

 

Debate. “Es la carencia de políticas de Estado en materia de patrimonio archivístico-cultural la que tiene su contracara en el coleccionismo privado”, afirma el autor, matizando una entrevista publicada en Ñ.

POR HORACIO TARCUS. DOCTOR EN HISTORIA, DIR. DEL CEDINCI/UNSAM E INVESTIGADOR INDEPENDIENTE DEL CONICET

 

 

Representa el coleccionismo privado de manuscritos y documentos históricos un síntoma de que algo está cambiando (para mejor) en la conciencia archivística argentina? Una conclusión semejante parece desprenderse de la entrevista que firma Juan José Mendoza hace dos sábados en  Ñ  N° 589, titulada “Avatares de la cultura material”.

Se dice en el copete de la nota: “Coleccionismo. La Argentina pareció estar regida por la ‘desidia archivística’ y la falta de una ‘conciencia documental’. Algo parece estar cambiando”. ¿Y qué nos muestra la entrevista como síntoma de lo que parecería estar cambiando? Un economista que en los últimos diez años se ha lanzado con afán recolector a reunir en su propio domicilio testimonios tan dispares de nuestra cultura como un autógrafo de Paco Urondo, una carta de adhesión a la candidatura de Patrón Costas o una caja PAN de los años alfonsinistas. No se comprende cómo semejante acopio discepoliano nos señalaría que algo está cambiando nuestra infausta “desidia archivística” y nuestra “falta de conciencia documental”.

Propongo entonces una reflexión que se orienta en un sentido exactamente inverso: sostengo que es la carencia de políticas de Estado en materia de patrimonio archivístico-cultural la que tiene su contracara en el coleccionismo privado. Son perfectamente funcionales y se alimentan mutuamente.

Me explico. Cuando el Estado está patrimonialmente ausente (o entreteniendo sus recursos en proyectos menos ilustrados pero de mayor rating ), los fondos de archivo en manos de particulares (una gran colección de manuscritos, cartas, etcétera, reunidos a lo largo de una vida, por ejemplo, por un escritor, un editor, un político) suelen tomar tres caminos posibles: permanecer en esas manos privadas; ser adquiridos por bibliotecas universitarias del exterior; o ser vendidos a coleccionistas privados. Esta tercera opción no quiere decir otra cosa que transferir documentos únicos de unas manos privadas a otras manos privadas. Pareciera que no representa una mejora ni tampoco una desventaja desde el punto de vista del patrimonio archivístico nacional. Sin embargo, la adquisición por parte de coleccionistas privados entraña una serie de riesgos, cuando no de perjuicios, a saber: En primer lugar, el de la accesibilidad pública. El coleccionista es un acopiador privado, que sustrae a la comunidad un patrimonio único de interés público. El coleccionista entiende perfectamente que el valor de su colección crece en proporción directa a su inaccesibilidad. Cualquier investigador que debió padecer alguna vez la arbitrariedad de las pruebas exigidas por un coleccionista para consultar un documento, sabe bien de qué estoy hablando.

En segundo lugar, el coleccionista es enemigo de la reproducción de sus piezas documentales (sea la microfilmación o la digitalización). Aunque no haya leído a Walter Benjamin, atesora el documento como un objeto y sabe que su reproductividad técnica va en detrimento de su aura, esto es, de su singularidad única y de su valor exhibitivo (no es difícil advertir en la entrevista, por detrás de este coleccionismo  vintage , el afán de prestigio cultural y de capitalización económica, sin descuidar la oferta de asesoramiento exitoso a coleccionistas privados emergentes).

En tercer lugar, el coleccionismo privado suele violentar los principios archivísticos básicos de respeto de los fondos y de orden original. El coleccionista excepcionalmente compra un fondo de archivo íntegro y unitario: por el contrario, contribuye a desmembrarlos comprando piezas sueltas, pues aspira a formar una colección propia, que porte su nombre. El coleccionista (habitualmente un empresario o un profesional liberal con recursos económicos, tiempo libre y aficiones históricas o literarias) suele formar sus colecciones según sus predilecciones ideológicas o estéticas, o su curiosidad, adquiriendo piezas sueltas por su rareza, su escasez o su exotismo.

En cuarto lugar, la demanda coleccionista (y la ausencia de Estado) estimulan la formación de un mercado de manuscritos. Aparece aquí, en este círculo entre vicios públicos y negocios privados, la figura del rematador, quien al tener al coleccionista como cliente privilegiado, acostumbra a desguazar en pequeños lotes aquellos fondos documentales que, desde el punto de vista archivístico, deberían preservarse como unidad. Y como en el remate de bienes culturales está ausente el Estado para adquirir un fondo en su integridad, los clientes son el coleccionista de manuscritos de Borges, de Arlt o de Cortázar, o bien el de cartas de San Martín, Belgrano o Perón: cada uno compra sólo las piezas de su particular afición para armar su propio puzzle.

En quinto lugar, las grandes colecciones privadas nacieron en los remates pero habitualmente también murieron en ellos. A diferencia de lo acontecido a fines del siglo XIX y comienzos del XX con las colecciones privadas de arte (cuya progresiva transferencia al Estado contribuyó a la creación de nuestros museos de bellas artes), casi todos los ejemplos que brinda la propia entrevista muestran que las colecciones documentales privadas, formadas afanosamente durante toda una vida (de Pedro de Angelis a Federico Vogelius), terminan desguazadas en remate público.

Si el coleccionismo de manuscritos tuvo un valor en siglos pasados, en los albores del siglo XXI no es más que un síntoma de nuestro atraso cultural. Allí donde prolifera el coleccionismo privado del patrimonio documental, hay un Estado que falla. Las colecciones monumentales de documentos que atesoraron las familias patricias argentinas en los siglos XVIII y XIX tenían sentido cuando nuestras bibliotecas públicas eran exiguas o inexistentes, y carecíamos de centros profesionales de documentación. En tiempos de Mitre y de López, el patrimonio nacional era un patrimonio familiar. Hoy, cuando se afirma la profesionalización archivística, cuando en todo el mundo se tiende a la recuperación pública de los fondos documentales, a preservar su unidad y a disponerlos a la consulta (incluso en Internet), las colecciones privadas de manuscritos constituyen no sólo un anacronismo sino una sustracción al bien común.

La responsabilidad última, de cualquier modo, no radica en la voracidad imperial de las universidades estadounidenses, atentas a adquirir en bloque nuestros fondos documentales, ni en el afán de lucro de los rematadores, ni tampoco en el amateurismo de los coleccionistas  vintage , sino en el Estado. O mejor, en la ausencia de políticas de Estado en lo que hace a la recuperación y preservación de nuestro patrimonio documental. 

http://www.revistaenie.clarin.com/

Publicado el: 27/01/2015 / Leido: 5680 veces / Comentarios: 0 / Archivos Adjuntos: 0

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