También hace falta otra ley

Publicado el: 09/04/2014 / Leido: 5305 veces / Comentarios: 0 / Archivos Adjuntos: 0

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También hace falta otra ley

Especialistas vinculados con la problemática de la archivología de Córdoba reclaman una norma que prestigie la actividad.


 

Desde diversos ámbitos vinculados con la problemática de la archivología señalan la necesidad de que Córdoba dé un paso adelante aprobando una nueva ley de archivos que prestigie la especialidad y permita resguardar en buena condiciones la memoria escrita de la Provincia.

La ley actual, que dio nacimiento al Archivo Histórico, es en realidad un decreto aprobado el 23 de abril de 1941 por el gobernador Santiago H. del Castillo, cuando la administración provincial producía una muy pequeña porción de documentación, comparada con los registros actuales.

Según esa disposición, el Archivo debe “reunir, custodiar y conservar archivísticamente toda la documentación gubernamental, emanada de las diferentes reparticiones de la Provincia, con más de 40 años de antigüedad, así como colecciones de índole privado, fondos documentales municipales, etcétera”.

Las limitaciones del edificio donde funciona el Archivo determinaron que sus colecciones se paralizaran en 1925. La documentación con valor histórico producida desde entonces, se ha perdido o se ha ido conservando en diferentes lugares.

Así fue como el Archivo perdió la posibilidad de alimentar una de sus colecciones más interesantes, como lo son las actas de escribanos, llenas de vicisitudes de la vida privada de los cordobeses.

En 2006, a través de la ley 9.343, se le debió permitir al Colegio de Escribanos llevar sus documentos a un edificio propio, que construyó cerca de La Cañada, por lo cual todo ese valioso patrimonio documental que estaba en manos públicas, pasó al dominio privado, contradiciendo el espíritu original de la ley creadora del Archivo.

Poder Judicial

Tampoco fue posible, por la misma falta de lugar, sumar al Archivo la documentación que produce el Poder Judicial.

Hoy existen dos archivos judiciales, y no se sabe si se unirán en el nuevo edificio del Archivo, como manda la ley, o seguirán funcionando de manera aparte.

La misma pregunta puede hacerse con respecto al museo que el Poder Ejecutivo mantiene en calle Humberto Primo, donde se acumula documentación desde 1903, pese a que sólo debería tener la de los últimos 40 años. Así, la pregunta se repite en numerosas dependencias donde las circunstancias obligaron a ir creando archivos particulares debido a la debacle del Archivo central.

Si se cumpliera con lo que dice la vieja ley, el nuevo edificio del Archivo, todavía sin terminar, volvería a quedar pequeño para contener todas esas toneladas de documentación considerada de valor histórico.

La única ocasión en que se intentó conseguir una nueva ley de archivos fue en 1988, cuando la Legislatura, que por entonces tenía dos cámaras, aprobó la ley 7.687 de los legisladores Elvio Molardo y Roberto Palmero, realizada con el aporte de numerosas personalidades de la cultura. Pero la iniciativa fue vetada por el gobernador Eduardo Angeloz debido a cuestiones técnicas.

Escuela de Archivología

La exdirectora de la Escuela de Archivología de la Universidad Nacional de Córdoba, Anna Szlejcher, dijo que esa ley se cayó porque se dijo que invadía terrenos de los poderes judicial y legislativo, y porque no se aceptó la creación del cargo administrativo de archivero.

“Córdoba tiene una gran escuela de Archivología que no está reconocida por el Gobierno. Eso permite que muchos archivos sean dirigidos por personas que no tienen la formación adecuada para cuidarlos y organizarlos”.

Szlejcher lamentó que esta decadencia archivística de las últimas décadas permitió que se perdiera una gran masa documental. “Sin ir más lejos, cuando se demolió de apuro la Casa de las Tejas, recuerdo que la prensa mostró cómo los camiones llevaban documentación entre los escombros. Tampoco se sabe qué pasó con un galpón lleno de documentos que la vieja Casa de Gobierno con títulos de propiedad antiguos, historias clínicas y carpetas de personal, que deberían haberse revisado para ver qué debía salvarse. Hoy la Provincia ha tercerizado el depósito de documentación muy importante y sensible, lo que es un gran riesgo”.


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