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Publicado el: 23/02/2014 / Leido: 8172 veces / Comentarios: 0 / Archivos Adjuntos: 0
Andalucía
Ante el debate público sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, auspiciado por una plataforma ciudadana que reclama que el monumento pase a manos de la Junta de Andalucía, documentos históricos avalan la propiedad católica del primer templo de la capital cordobesa.
El registrador de la propiedad Juan José Jurado ha explicado a Efe que la propia Crónica General de España pone de manifiesto que en 1236 el rey Fernando III «El Santo» mandó «restituir» a la Iglesia el templo, que fue construido sobre las ruinas de la basílica visigoda de San Vicente. Ha añadido que en 1882, cuando el templo fue declarado Monumento Nacional, se reconoce como lugar católico consagrado, mientras que cuando la Unesco lo cataloga como Patrimonio de la Humanidad en 1984 se reconoce la misma titularidad. Argumentos documentales que coinciden con los diversos informes jurídicos e históricos que ultima el Cabildo de Córdoba para defender la gestión y titularidad de la Mezquita desde hace casi ocho siglos.
El debate se ha extendido al escenario político hasta el punto de que el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha defendido que, por el momento, el asunto «no es algo que genere tensión» y ha reclamado iniciativas similares para defender «a los parados y a las familias en riesgo de exclusión».
Por su parte, la Junta cuenta con opiniones dispares; mientras que el vicepresidente, Diego Valderas, defiende la reclamación de la plataforma, la delegada provincial de Cultura, Manuela Gómez (PSOE), reconoce la «legalidad» de la inmatriculación y asegura que, ahora, no entra en sus planes reclamar la titularidad.
Lo cierto es que el asunto de la «inmatriculación» de bienes por parte de la Iglesia no es nada nuevo, y ha sido denunciado por varias asociaciones laicas de toda España, partidos políticos como Izquierda Unida, y otras organizaciones, entre las cuales la más conocida es la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro.
El portavoz de esta plataforma, Pascual Larunbe, ha explicado que la principal dificultad reside en conseguir un listado de bienes «inmatriculados» por la Iglesia sin autorización del Ministerio de Justicia o del Parlamento regional. En el caso de Navarra, se consiguió en 2007, a través de una pregunta parlamentaria al Gobierno de Zapatero, un listado de bienes públicos y privados cuya titularidad había sido reclamada por la Iglesia en el Registro Civil entre 1998 y 2007. En ese periodo, según ha especificado Larunbe, el Arzobispado de Navarra «inmatriculó» 1.087 bienes, entre los cuales había 650 templos parroquiales, 191 ermitas, 9 basílicas, 42 viviendas, 26 locales comerciales y almacenes, 2 atrios, 8 cementerios, 107 fincas y solares, 38 pastos y prados, 12 viñas, olivares y arbolados, y un frontón.
Navarra es la región que cuenta con más casos documentados, aunque a lo largo de toda la geografía nacional existen presuntas inmatriculaciones de bienes públicos o privados. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se han denunciado casos como el de la Fortaleza de Xàbia, la ermita de la Muntanyeta en Alberic, y la del Lluch, en Alzira. En Extremadura, el Obispado de Plasencia podría habría incluido en su patrimonio en los últimos años las iglesias de 11 localidades de la Vera (Cáceres), mientras que en Galicia, comunidades de vecinos en Pontevedra denunciaron la «inmatriculación» de fincas por parte de la Iglesia Católica.
Lo cierto es que comprobar el número exacto de «inmatriculaciones» es una tarea «titánica», indica Larunbe, porque, sin autorización ministerial, requeriría ir al Registro de la Propiedad «caso a caso», algo que ya se promueve en regiones como Aragón, Santander, Madrid o el País Vasco.
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