Historias en la estantería

Publicado el: 17/11/2011 / Leido: 6360 veces / Comentarios: 0 / Archivos Adjuntos: 0

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Historias en la estantería

Domingo | 05.03.2000   

Clarín.com

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

LUIS SALINAS

En el edificio de Leandro Alem 246, construido para el Deutsche Bank y ocupado después de la Primera Guerra por el Hipotecario Nacional, está desde 1940 el Archivo General de la Nación. Tiene 178 años de vida, contados a partir de la creación del Archivo General de Buenos Aires, su antecesor, que heredó a la vez los del Cabildo de la ciudad, la Secretaría y Contaduría del Consulado, el Tribunal de Cuentas, la Aduana y otras instituciones de origen colonial.

Precisamente, el tramo documental referido a la colonia fue declarado en 1997 parte de su programa Memoria del Mundo por la UNESCO. Memoria del Mundo es el ambicioso intento de crear un repositorio universal de la historia de la especie, además de salvaguardar sus soportes, generar técnicas de restauración, democratizar su acceso y difundir su contenido. Su política de inclusión de documentos es más estrecha de lo que cabría suponer: le interesan sobre todo los grandes movimientos étnicos y los puntos de contacto entre culturas de diferentes continentes o grandes regiones. Existe un importante subprograma dedicado al registro de la trata de esclavos y en ello, que incluye los repartimientos de indígenas, reside el interés del mundo en los archivos de la ciudad que fue capital virreinal. De indios y negros Las fuentes de ese saber son prosas tan resecas como la documentación del movimiento de navíos, pero a través de ellas tranquilos pastores de lengua bantú de toda África subcentral son agrupados en Luanda de Angola, marcados como vacas, cristianados de lejos con ocho preguntas en portugués, embarcados en viajes de dos meses en los que morirá un quince por ciento, subastados en Montevideo, cruzados a Buenos Aires y distribuidos entre Chile, Potosí, Lima, Asunción. En concesiones y sucesiones pasan de manos y cambian de terruño. Los indios, hasta que se pierden. El registro de los negros dura algo más: a medida que se reducen, se personalizan, y aquellos a quienes los documentos de los siglos XVI y XVII sólo diferenciaban por calidad, precio y temporada de venta -los de Gabón endebles, los de la costa de Mina superiores-, se distribuían en el XIX por nación en sociedades mutuales (tangos), antecedentes a la vez de las murgas y de los sindicatos: el dinero colectado a través de bailes y desfiles se destinaba a menudo al pago del rescate de socios todavía cautivos o a solventar funerales. El primer reglamento impuesto por la policía a la Nación Conga es de 1821, el mismo año en que el gobernador Martín Rodríguez fundó el Archivo. Tres años después se promulgó otro mucho mayor, que sirvió como base para todas las sociedades futuras, y mientras éstas se ramificaban con cada vez menos miembros, cundieron otros estatutos mediante los que autoridades civiles y religiosas intentan obligar a los morenos a que lleven libros de actas, dejen de fabricar folclore, de pretender que Santo Domingo beba ron y de exaltarse en febrero. Rara metáfora de nuestras instituciones, tanta letra escrita no sirve para dilucidar qué pasó finalmente con ellos. El carácter capitalino del Buenos Aires colonial logró que se acumulasen originales ligados a las protohistorias de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile e incluso parte del Brasil, correspondiente al período de unificación de las coronas. El AGN es la base para un archivo histórico del Mercosur es una definición de uso común entre funcionarios y especialistas. El AGN no es un archivo histórico sino la memoria oficial del Estado, hasta el punto de guardar todas las sucesiones testamentarias hasta principios del siglo XX.El Archivo depende del Ministerio del Interior y no administra siquiera los 20.000 dólares anuales que le producen las fotocopias, el único servicio arancelado. Su gasto anual ronda el millón y medio de pesos. La ley que lo determina desde 1961 es la 15.930, apodada ley Etchepareborda por el director de ese entonces. Roberto Etchepareborda había sido presidente del Concejo Deliberante porteño y canciller de Frondizi y Guido después. Tras esa cadena de honores, atravesó una circunstancia inesperada para un hombre capaz de localizar con toda facilidad el título de abogado de Moreno: no encontró el suyo. El bochorno lo llevó al exilio y murió un año después. Su gestión se recuerda como excelente, ligada al brillo que la institución cobró, en el clímax de la disputa entre los revisionistas y la línea Mayo-Caseros-55, por la inclusión del fondo documental reunido por la Comisión del Sesquicentenario de la Revolución de 1810. Traiciones y silencios Un investigador de archivo no es necesariamente una persona austera de gestos. Hay muchos documentos históricos con adhesiones e insultos anónimos: el más usual es traidor. En muchas de sus muchísimas fotos, Perón es identificado como El Tirano. Hay documentos calados a trincheta y otros tachados. Las reglas de apertura al público de archivos nacionales están contenidas en la Ley 15.930. Las reparticiones pondrán a disposición la documentación archivada, reteniendo la correspondiente a los últimos treinta años, salvo la que por razón de Estado deban conservar. Si la entrega se hiciera cada cinco años, los 78 empleados morirían una vez por lustro bajo montañas de papel, pero la razón de Estado pone límites, vastos aunque difusos, y otros los pone la desorganización, la sobre posición de funciones o la falta de medios. En el primer rubro están abonados los ministerios del Exterior y Defensa, que no derivan documentos y, por supuesto, los archivos de las FF.AA., que no están librados a la investigación: conseguir el legajo de un oficial que haya actuado en el siglo XX es realmente difícil. El AGN fue intervenido en 1995 y Vladimiro Corach designó allí a Miguel Unamuno, de quien es amigo. Unamuno fue dos veces diputado, ministro de Trabajo -de Isabel- y presidente del HCD: su paralelismo con Etchepareborda lo divierte. La intervención clausuró una larga decadencia, en la que el archivo llegó a saturar la sede de Leandro Alem. Desde entonces se expandió a otra en Humberto I y Paseo Colón y después a los galpones de Benedetti y Salvadores, en Floresta, donde duermen tres kilómetros lineales de documentación de YPF. Además, guarda material en el Banco Nacional de Desarrollo. En total los papeles, materia prima del noventa por ciento de lo archivable, completan trece kilómetros de estanterías.Lo que decidió la intervención no fue el estado catastrófico del Archivo, sino el alud de documentación que acompañó la reforma del Estado y la liquidación y venta de las empresas nacionales. Alguna vez se proyectó mudar el Archivo a la ex sede del diario Crítica. A falta de mudanza, en el período de Unamuno se refaccionó el edificio, se lo dotó de microcine y sala de conferencias y se volvieron a editar catálogos y publicaciones: 28 de los 72 títulos que la editorial del AGN lanzó en toda su historia datan de ese período. Utopías módicas Las autoridades elegidas por concurso, la autonomía, la autarquía financiera y la creación de un Sistema Nacional de Archivos son las piezas de una módica utopía que desvela a corrientes de opinión y camarillas de investigadores, académicos y conservadores. La doctora Graciela Berkoff, interventora del gobierno de De la Rúa, relativiza las primeras: El Estado no puede seguir sometido al desguace. En muchas áreas aparece el interés por autonomía de gobierno, autarquía financiera, la designación por concursos de autoridades que luego no pueden ser removidas. Si esta tendencia se alentara, nos quedaríamos sin Estado. Berkoff es abogada constitucionalista, ex diputada nacional y ex convencional constituyente por Córdoba. No tiene reparo en definirse en misión de reconocimiento. En ese tren, se niega a dar seguridades sobre la renovación de los contratos: No existen partidas presupuestarias y la situación obliga a que el Estado ajuste sus cuentas. Yo por ahora sólo estoy evaluando. Estoy sorprendida porque la destrucción del Archivo de que se cotillea no es tal. A Unamuno tampoco le parece practicable la autonomía, a pesar de que en un proyecto de ley que el AGN impulsó en 1997, planteaba la autarquía administrativa y financiera. Unamuno abjura y se disculpa: Ese era un proyecto elaborado por consenso con instituciones: estaban la Academia Nacional de la Historia, la Argentina de la Historia y otras. Hoy propone para el archivo una jerarquía intermedia. En 1999, el presidente Menem creó mediante el decreto de necesidad y urgencia 209 los Archivos Presidenciales. Esto contradecía la aspiración de contar con un sistema nacional de archivos oficiales encabezado por el AGN. La alternativa centralizadora es compartida por Unamuno, Berkoff y las diputadas frepasistas Marcela Bordenave y Adriana Puiggrós, autoras del único proyecto de ley en curso. El proyecto Bordenave-Puiggrós propone arancelar algunas prestaciones y otorgarle al AGN un presupuesto estable. También concursar los cargos de director y vice y crear un consejo asesor. Berkoff señala dificultades: Un problema del llamado a concurso es el carácter multidisciplinario del AGN.

Podrían proponerse historiadores, antropólogos, especialistas en conservación y restauración, administradores, archivistas y bibliotecarios. ¿Cómo se comparan, habiendo sólo dos cargos? Y cada uno tendería a darle su sesgo al Archivo. Más allá de ello, la imponencia del intento de registrar toda una sociedad fragmentada en planos: legales, sociales, económicos, históricos, evoca un poco el empeñoso codificar las actividades de los negros mientras nuestros negros ¿desaparecían, se extinguían, se mestizaban, viajaban a Montevideo? Ya es bastante sobreponernos a la idea de que nos convertiremos para nuestros choznos en esta especie de resumen Lerú, como para enfrentar encima la sospecha de que entre miles de CD, videos, registros de voz, nunca sepan bien qué ha sido de nosotros.

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