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Del abordaje teórico al análisis empírico: un archivo de la represión en Rawson, Chubut

Publicado el: 16/11/2011 / Leido: 7003 veces / Comentarios: 0 / Archivos Adjuntos: 0

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Anuario de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario N° 22 “La historia frente a sus fuentes. Los archivos y las nuevas y viejas formas de hacer Historia Social en Argentina”, 2006.

Tíitulo: Del abordaje teórico al análisis empírico: un archivo de la represión en Rawson, Chubut. Mónica Gatica, 2006..

Abstract:

Este trabajo procura dar cuenta de la problemática de los archivos, pero especialmente deteniéndonos en las repercusiones historiográficas y políticas del hallazgo y apertura de archivos sensibles. La información y discusión teórica y metodológica, e incluso epistemológica, motivó el análisis y revisión de lo acontecido a partir de la presentación de un archivo represivo de la dictadura en Rawson, Chubut, el 24 de Marzo de 2004.

Siguiendo a Derrida, podemos decir que todo archivo es instituyente y conservador, revolucionario y tradicional. (Derrida, 1994: 6), pero somos quienes trabajamos en ellos quienes podemos cargarlos de sentido, sabiendo que son vehículos privilegiados para el análisis tensional de distintas memorias.

Ahora, ¿un archivo represivo “democratizado” permite romper con la herencia y la garantía? Este es uno de los desafíos a los que nos enfrentamos quienes buscamos aportar a la constitución de una verdad histórica que permita que el discurso occidental de los Derechos Humanos, pueda ser glocalizado.

Palabras claves: archivos historia – memoria – Derechos Humanos - Chubut

This work tries to give account of one of the problematic archives, especially ending en the graphic historical and political repercussions of the finding and opening of sensitive files. Information and discussion - theoretical, methodological, and even epistemological - motivated the analysis and revision of this occurrence from the presentation of a repressive file of the dictatorship in Rawson, Chubut, the 24 of March, 2004.

Following Derrida, we can say that all these files are established, conservative, revolutionary and traditional (Derrida, 1994: 6), but we, the ones who have worked with them, are the ones who can make sense of them, knowing that they are a privileged means for the strained analysis of differing remembrances. Now, does a democratized, repressive file, allow us to break with legacy and commitment? This is one of the challenges which we, who looked to contribute to the constitution of an historical truth, enable the western debate of Human Rights to be globalized.

Key words: archives –history – memory -  Human Rights - Chubut

 Anuario de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario N° 22 “La historia frente a sus fuentes. Los archivos y las nuevas y viejas formas de hacer Historia Social en Argentina”, 2006.

Propuesta de artículo:

Tíitulo: Del abordaje teórico al análisis empírico: un archivo de la represión en Rawson, Chubut. Mónica Gatica [1], Agosto de 2006.

“Siempre nos preguntaremos, compartiendo con compasión ese mal de archivo, lo que ha podido arder de sus pasiones secretas, de su correspondencia, o de su “vida”. Arder sin él, sin resto y sin saber. Sin respuesta posible, espectral o no, más acá o más allá de una supresión, sobre el otro borde de la represión, la originaria o la secundaria, sin un nombre, sin el menor síntoma, y sin ni siquiera una ceniza.

Nápoles, 22-28 de mayo de 1994. Jacques Derrida.

Este trabajo procura dar cuenta de la problemática y repercusiones historiográficas y políticas del hallazgo y apertura de archivos sensibles. La información y discusión teórica y metodológica, e incluso epistemológica, motivó el análisis y revisión de lo acontecido a partir de la presentación de un archivo represivo de la dictadura en Rawson, Chubut, el 24 de Marzo de 2004.

¿Qué son los archivos?

Como oportunamente ha señalado Jacqueline Sanson “Los archivos y las bibliotecas son instituciones de memoria o, más modestamente, albergues de la memoria”.[2] No son depósitos de cosas muertas, contienen registros del pasado, pero en realidad es un pasado que se puede hacer presente, que puede ser usado desde el hoy.

La modernidad “se caracterizó por la concentración del archivo en un centro archivístico oficial –estatal- donde se construye la memoria oficial de una nación, sus raíces y su identidad, siendo el drama del archivista evitar la dispersión de los documentos, resguardarlos tanto de la diáspora como del inexorable paso del tiempo, verificar su autenticidad y garantizar su difusión.”.[3]

“Esta actitud (…) no es que sea inútil, ni perversa: es sencillamente anacrónica. Proviene del Siglo de las Luces, (…) no extraña, entonces –aunque sí debería extrañar la tozuda supervivencia de esta idea-, que ese público fuera, casi necesariamente, representado como una masa pasiva a la que había que hacerle disponibles esos objetos encarnadores de la Sabiduría, el Gusto, el Valor Espiritual. Lo cual supone, claro, que se trata de bienes escasos, poseídos sólo por unos pocos privilegiados, o ahora por el Estado que hace “bienestar” cultural con sus súbditos. Esta lógica, es fácil verlo, reproduce “microfísicamente” la diferencia “macro” entre propietarios y no propietarios, entre “pudientes” e impotentes; tal vez sea por eso que el que acude a la Biblioteca o al Museo (o, tanto da, a los recitales ofertados por algún Municipio) tan a menudo esté en la posición del desposeído cultural que recibe una benévola caridad. (…) “El propio Berger conjetura, para el Museo (o para la Biblioteca), la necesidad de un impulso imaginativo que vaya en sentido contrario del estatismo aurático: hay que concebir esos objetos como emancipados de la mística (mejor: del fetichismo) que está adherida a ellos en tanto artículos de propiedad. Entonces sería posible verlos como expresiones del proceso de su propia elaboración de una experiencia (digamos: como Works-in-progress) antes que como productos. Verlos, en fin, como acción antes que como realización.” [4]

Una definición muy amplia, a partir de la ley francesa de 1979, tomada por Ricouer de Hildesheimer, nos permite preliminarmente definir los archivos como “(…) el conjunto de documentos, cualesquiera que sean su fecha, su forma y su soporte material, producidos o recibidos por cualquier persona física o moral y por cualquier servicio u organismo público o privado en el ejercicio de  su actividad”.[5]

Como claramente señala Pierre Nora, los archivos tienen un lugar preeminente entre los lugares de memoria. Es mas, son un espacio vivo de disputas políticas y sociales. Creemos que debe distinguirse el uso político, el uso administrativo, y el sentido que tiene el archivo para la historia: el historiador va a hurgar en él. Sin embargo, estas tres perspectivas pueden entrar en conflicto.

Siguiendo a Derrida, podemos decir que todo archivo es instituyente y conservador, revolucionario y tradicional.[6] Somos quienes trabajamos en ellos quienes podemos cargarlos de sentido, pero sabiendo que son vehículos privilegiados para el análisis tensional de distintas memorias.

Bien sabemos que no están dotados espontáneamente, y que en su misma gestación se plantean controversias, incluso en torno a qué incluir y que descartar. “El archivo (…) no será jamás la memoria ni la anamnesia en su experiencia espontánea, viva e interior. Bien al contrario: el archivo tiene lugar en (el) lugar del desfallecimiento originario y estructural de dicha memoria. No hay archivo sin un lugar de consignación, sin una técnica de repetición y sin una cierta exterioridad. Ningún archivo sin afuera.[7]

Jacques Derrida desarrolló una idea de archivo que permite pensarlo en su ambivalencia como comienzo y ley; instituyente y conservador. Una vez constituido como tal, le recuerda a la sociedad lo que esta debe recordar, instrumentando un dispositivo institucional que posibilita el acto de conservación, repetición y memorización, y que va desde su reagrupamiento físico, otorgándole una territorialidad en la que se reúnen los documentos, hasta procedimientos de clasificación y ordenamiento. Todo poder político necesita del control del archivo, tanto en su especialidad física, como en la autoridad respecto a la ley a recordar. Ahora bien, la democratización del archivo dependerá del grado de participación social en su constitución, en su accesibilidad y en su interpretación.

“(…), como impresión, escritura, prótesis o técnica hipomnémica en general, no solamente es el lugar de almacenamiento y conservación de un contenido archivable pasado que existiría de todos modos sin él, tal y como aún se cree que fue o que habrá sido. No, la estructura técnica del archivo archivante determina asimismo la estructura del contenido archivable en su surgir mismo y en su relación con el provenir. La archivación produce, tanto como registra, el acontecimiento.” [8]

Hay “fuertes indagaciones políticas que plantean la tensión entre la memoria en tanto existencia física (documental) y la memoria como acto encarnado en prácticas sociales sin soporte preexistente, capaz de indagar otros elementos de la cultura popular que no se manifiestan en los clásicos modos de la documentación tradicional.”[9]

En la conferencia pronunciada por Jacques Derrida en junio de 1994, publicada posteriormente bajo el título Mal de archivo. Una impresión freudiana, buscó vincular el concepto de archivo y archivación a la cuestión del porvenir, y al enigmático llamado de lo mesiánico sin mesianismo.

Naturalmente, y como antes decíamos, se suele relacionar el archivo con el pasado, el saber y la memoria. Pero no se trata aquí de lo que ya aconteció, sino del porvenir, ya que el archivo es una respuesta, una promesa, y una responsabilidad para mañana. “Es en el porvenir de un tiempo inapropiable, tal vez próximo, pero esencialmente imprevisible, donde el concepto de archivo habrá querido decir algo para nosotros. De ello se sigue la tesis que afirma una radical disimetría del archivo con la arqueología; de un archivo, pues, está en permanente tensión con el origen.” [10]

Archivo deriva del griego arkheion y remite a un domicilio en el que los arcontes ejercían el mando y representaban la ley. Guardaban y resguardaban los documentos, pero también los interpretaban y eran portadores de la ley. Necesitan de un lugar propio, deben contar con estabilidad, y con un soporte de inscripción. Archivo es una noción y no un concepto. [11]En esta línea de análisis, pareciera que en principio el archivo nos señala el pasado, nos remite a los indicios de la memoria consignada y nos recuerda la fidelidad de la tradición.[12] Ahora, ¿un archivo represivo “democratizado” permite romper con la herencia y la garantía? Este es uno de los desafíos a los que nos enfrentamos quienes buscamos aportar a la constitución de una verdad histórica que permita que el discurso occidental de los Derechos Humanos, pueda ser glocalizado.

Cada formación económico social condiciona el carácter de la difusión y generalización de discursos universales, y aunque son los Derechos Humanos principios normativos que deben proyectarse a la totalidad de la humanidad para regular la interacción y los contactos, cuentan con historicidad, y responden a un contexto sociocultural específico. [13]

Siguiendo a Derrida la palabra archivo nombra el comienzo y mandato.  “(…) El primer archivero instituye el archivo como debe ser, es decir, no sólo exhibiendo el documento, sino estableciéndolo. Lo lee, lo interpreta, lo clasifica.” [14]

El historiador debe suponer que el documento al que accede, y que provisoriamente es poco visible o inaccesible, será objeto de nuevas interpretaciones. El fantasma de mañana podrá leer el archivo con otra clave.[15] Es siempre un trabajo inacabado, porque también nuevos documentos pueden ser hallados, salir del secreto o de la esfera privada.[16]

Cuando desde el presente evocamos el pasado para vislumbrar quiénes fuimos, cómo hemos llegado a ser lo que somos, y en qué queremos convertirnos; memoria, historia e identidad se funden indisociablemente en un mismo acto. “ (…) el debate sobre nuestras “pruebas de una herencia”, el rastreo de una identidad a descifrar finalmente en el pretérito, el conflicto sobre las políticas de la memoria, persistió vigorosamente como signo y a la vez errancia asumida entre nosotros, tanto a nivel político como social e intelectual. La memoria fue siempre una tematización de alto voltaje político.”[17]

“ (…), alguien debe ocupar el lugar de “propietario”, digamos, honorario. No es común, en este espacio de reconocimientos imaginarios, que el Custodio – propietario recuerde que los libros o las obras de arte, antes de ser una propiedad (pública o privada) son la expresión de una experiencia humana, de una praxis muchas veces llevada al borde mismo de lo que tolera el uso normalizado, “institucional”, de las palabras o de las imágenes. (…)  sólo puede serlo de objetos acabados, cerrados a todo re-comienzo (su propia raison d’ etre está inscripta en el “fetichismo de la mercancía”, aunque esta sea no-transable). (…) conserva lo que ya está allí; y si “adquiere” algo nuevo –un incunable, una edición princeps, un simple ejemplar de una revista literaria del pasado- lo hace impensadamente bajo la misma modalidad: la del producto terminado, y no la del proceso de producción.[18]

La interpretación “no puede aclarar, leer, interpretar, establecer su objeto, a saber, una herencia dada, más que inscribiéndose en ella, es decir, abriéndola y enriqueciéndola lo bastante como para hacerse sitio en ella de pleno derecho. (…) Incorporándose el saber que se desarrolla respecto a él, el archivo aumenta, engrosa, gana en auctoritas. Pero pierde al mismo tiempo la autoridad absoluta y meta-textual a la que podría aspirar. Nunca se lo podrá objetivar sin resto. El archivero produce archivo, y es por esto por lo que el archivo no se cierra jamás. Se abre desde el porvenir.”[19] Paralelamente es también un principio de consignación, es decir de reunión” [20]

“(…) no hay archivo, sea éste real o virtual –oposición tradicional que domina estos conceptos-, sin control del poder político. No cabe duda que la puesta en orden del archivo, habrá sido siempre una cuestión determinante al interior de las relaciones entre lo público y lo privado, en el establecimiento de criterios sobre el acceso a la información, y en la legislación de los derechos de impresión y de publicación. Porque el archivo siempre ha sido la puesta en obra institucional de la soberanía de un Estado, o sea, el efecto de un principio de consignación, no es posible tratar la cuestión del archivo sin reconocer el fundamento (arkhé) del discurso político que lo sustenta, sin tener en cuenta el derecho y la ley que de él dependen.”[21] “Los arcontes son ante todo sus guardianes. No sólo aseguran la seguridad física del depósito y del soporte sino que también se les concede el derecho y la competencia hermenéuticos. Tienen el poder de interpretar.” [22]

La lectura de Mal de archivo. Una impresión freudiana ya en sus primeras páginas remite a muchas de las inquietudes a las que preliminarmente nos enfrentamos: “Nunca se renuncia, es el inconsciente mismo, a apropiarse de un poder sobre el documento, sobre su posesión, su retención o su interpretación. ¿Mas a quién compete en última instancia la autoridad sobre la institución del archivo? ¿Cómo responder de las relaciones entre el memorándum, el indicio, la prueba y el testimonio?”[23]

El archivo “(…) se presenta así como un lugar físico que aloja el destino de esta especie de huella que, con todo cuidado, nosotros distinguimos de la huella cerebral y de la huella afectiva, es decir, la huella documental. Pero (…)no es sólo un lugar físico, espacial; es también un lugar social.” [24]

En principio aparece abierto a quién busque consultarlo, sin un destinatario designado. Este filósofo francés nos dirá que el documento que hallamos allí no es sólo mudo, sino también huérfano, fueron separados de sus autores, y están sujetos a los cuidados de quién puede interrogarlos, defenderlos, prestarles ayuda y asistencia. “En la cultura  histórica, como es la nuestra, el archivo ha adquirido autoridad sobre quien lo consulta.”[25]

Archivos y dictaduras.

En países como el nuestro, en toda América Latina, en las últimas transiciones democráticas el discurso de los Derechos Humanos era, y no era, una innovación en la cultura política local. Ya en el siglo XIX estos estados habían reconocido una larga serie de libertades y garantías legales: amparo, habeas corpus; y habían ingresado a los organismos internacionales, y firmado tratados. Pero, carecían de significación profunda, y no se habían instalado en la cultura política local. Las bases de las violaciones de Derechos Humanos deben rastrearse en la cotidianeidad y aceptación tácita de la violencia generalizada. Como bien sostiene Nancy Scheper Hughes “(…) la rutinización pública de las mortificaciones diarias y las pequeñas abominaciones (…) proveyeron un texto y un molde para lo que sólo más tarde se mostró como un aberrante, inexplicable y extraordinario asalto de violencia estatal contra ciudadanos”. [26]

El debate político se abre en sociedades que emergen de ciclos represivos, en los que la sociedad civil se vio reducida y amordazada. Deben darse discusiones serias sobre la verdad histórica, para penetrar el velo de la retórica, en pos de discusiones profundas sobre el rol de todos y cada uno, en el proceso de violaciones masivas de los Derechos Humanos en contextos sociales e históricos específicos Es muy doloroso, pero no alcanza con inculpar a los militares, es necesario revisar las zonas grises de la sociedad civil. Así, sociedades que se autoproclaman democráticas (latinoamericanas) no deberían reincidir en violaciones a los derechos humanos como son: pauperización, marginalización, mano dura. La política de los derechos humanos debe ocuparse de las violaciones que hoy se siguen cometiendo por la aplicación de políticas neoliberales, que profundizan la concentración de la riqueza y están llevando a la mayoría de la población a una creciente pauperización y genocidio por el hambre, la desnutrición y la falta de oportunidades para obtener empleos (desocupación estructural).

“El debate colectivo sobre el pasado y el reconocimiento de las faltas colectivas son necesarios para fundar una verdadera democracia.” [27]

El tema de los Derechos Humanos se instaló ligado a proyectos de oposición a los gobiernos militares (en América Central también a gobiernos civiles militarizados) que hicieron un uso intenso de la represión, y que al proyectarla sobre sectores de clase media, se enfrentaron a una nueva sensibilidad, promulgada en el plano internacional.

“Aquí, en Chile o en América Latina, es importante considerar que no se trata de recuperar algo que se perdió. Se trata de crear algo que no ha existido”, ha sostenido Luis Pérez Aguirre.[28]

Surgieron instituciones y movimientos transnacionales que los promovieron y que censuraron las violaciones, obteniendo un creciente status internacional.

Se suele suponer que la doctrina de seguridad nacional fue desarrollada en el marco de la confrontación bipolar de la guerra fría, difundida por USA en la Escuela de las Américas, en Panamá, a partir de presupuestos y elementos constitutivos: contrainsurgencia, consideraciones geopolíticas, y una visión organicista de la seguridad y el desarrollo, identificando a los movimientos populares con el enemigo internacional: el comunismo. Pero, las doctrinas que centralizan la necesidad de seguridad y el orden público se generaron ya antes, a finales de los años 50 y 60, con las doctrinas elaboradas en Francia y USA a partir de los conflictos de Argelia, Cuba y Vietnam. En Argentina, tal vez la más influyente, fue la doctrina francesa de la guerra revolucionaria, para la que el enemigo, no intentaba conquistar y ocupar el territorio, sino dominar el espíritu de la población. Esto habilitó un proceso en que progresivamente se identificó a todo aquel que era activista político, simpatizante de izquierda o bien disidente de todo género, con el enemigo que se debía erradicar.

No se combatían los fundamentos ideológicos de una concepción de inalienabilidad de los derechos humanos, sino que se utilizaban argumentos pragmáticos, maniqueístas. La promesa de una reconstitución de la seguridad pública resultó una opción altamente atrayente, y muchos sectores de la ciudadanía justificaron la barbarie, sin cuestionar su base moral. Son culturas políticas que ensalzan la autoridad, y están acostumbradas a la violencia, con lo que en ciertas coyunturas desembocaron en violaciones agudas de los Derechos Humanos, por ejemplo: culpabilidad automática de los detenidos, torturas y abusos,  ejecuciones sumarias y desapariciones.

En el Cono Sur, a partir de las democracias tuteladas actuales, se ha impuesto, o se trabaja para lograr imponer como imperativo ciudadano el recordar. Quizás porque en cierto modo todos somos supervivientes, tenemos la vocación de memoria, al decir de Giorgio Agamben, y no podemos no recordar. [29]

“Las democracias derrocadas no ameritaron constancias posteriores desde la lógica de un orden castrense. Las dictaduras, en sus finales, optaron por el desvanecimiento de pruebas y anales. Y la sociedad, por cierto, no quedó exculpada en este sentido: siempre se acomoda, se sitúa, se acostumbra, se resigna o se alivia por vivir en una pérdida ininterrumpida de memoria, de extravío de archiveros imaginarios sobre la identidad que se porta. Estantes societales en donde desaparecen, de una u otra forma, no sólo las cosas que pasaron, la cara de un ministro o una sesión legislativa en donde se votó “tal ley” infame, sino también el rostro de ella misma como muchedumbre balcanizada pero absuelta por falta de alusión y pruebas.” [30]

Un archivo de la represión en Rawson.

El 24 de Marzo de 2004 asistimos a acciones oficiales que han buscado capitalizar la lucha por la verdad. La carga simbólica es muy profunda, y por cierto permitir la apertura de la Escuela de Mecánica de la Armada en la ciudad de Buenos Aires, o que el presidente constitucional ordene descolgar la imagen de un dictador, debe llevarnos a problematizar la presentación en Rawson de los archivos sobre la persecución ideológica en Chubut que realizó el actual gobernador de la Provincia, Mario Das Neves. La experiencia recogida con lo acontecido en el archivo del horror en Paraguay, ofrece cierto paralelismo con lo acontecido aquí.

Aunque muchos actores locales sabíamos de su existencia, desde 1983 hasta Marzo de 2004 pensamos que había sido destruido. Resultó que circunstancialmente una historiadora, en el verano de 1998-1999, en medio de una remodelación de la antigua casa de gobierno encontró parte de este repositorio, y decidió “esto hay que guardarlo, rescatarlo, porque era un documento histórico y con gran peso testimonial para la nueva etapa democrática”[31], pero no denunció el hallazgo, y el mismo recién tomó estado público después de cinco años, cuando fue restituido. En ese período fue trasladado de modo bastante precario y conservado en domicilios particulares.

Lamentablemente, y a través de la prensa nos enteramos que el 28 de Julio de 2003 “En un basural de Playa Unión quemaron documentos secretos de la dictadura. Morochos, de pelo corto y de entre 40 y 50 años de edad (…) Los pocos papeles que se pudieron rescatar son similares a los exhibidos por Mario Das Neves el pasado 24 de Marzo. Quienes cuidaron celosamente el hallazgo confiaron en un periodista de Diario de Rawson   para  darlo a conocer públicamente”.[32]

Descontamos el compromiso de quienes así actuaron para preservar el repositorio en cuestión, pero no podemos obviar la necesidad de alertar con respecto a este tipo de decisiones. Es imperioso, no sólo para salvaguardar el patrimonio, sino por los mismos efectos generadores de conciencia, establecer mecanismos que pedagógicamente tiendan a destacar el compromiso de la sociedad civil para problematizar las memorias que articulan nuestra identidad. La quema de documentos en 2003 tal vez podría haberse evitado, o quizás en este preciso instante otra información esté siendo destruida.

El gobernador Das Neves firmó en Septiembre de 2004  el decreto N° 1661 creando el Archivo Provincial de la Memoria, ámbito en el que se depositó la documentación.

El 1 de Julio (fecha con una profunda carga simbólica para el Justicialismo, ya que es el aniversario de la muerte de Juan D. Perón) de 2005, se realizó en Rawson el acto de traspaso del Archivo Provincial al Archivo Nacional de la Memoria (que implicó la entrega de los originales para ser digitalizados y su restitución a la provincia). El gobernador expresó: "Humildemente desde nuestra provincia queremos aportar a la consolidación del Archivo Nacional de la Memoria. Seguimos la guía que nos señala el presidente Néstor Kirchner". La subsecretaria Martínez reivindicó al acto como "un momento especial para nosotros como pueblo", sosteniendo que "la Provincia del Chubut amplía el acervo de nuestra memoria colectiva e institucionaliza la tarea de búsqueda de documentación relacionada con las responsabilidades del Estado en materia de violaciones de los derechos humanos". En alusión al expediente judicial Causa 500 -principal componente de la documentación aportada al Archivo Nacional de la Memoria- la funcionaria recordó que en sus fojas "se denuncian graves violaciones y la imposición de un plan sistemático de aniquilación física y psíquica de los presos políticos alojados en la U 6 entre los años 1976 y 1983".[33]

A esta recuperación vino a sumarse la denuncia realizada por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales ) próximo al 24 de marzo de 2006, acerca de la existencia de un archivo de espionaje en la Base alte. Zar de Trelew. Allí se llevaron a cabo una serie de allanamientos y se dio inicio a una causa judicial. El material registra el seguimiento de docentes y alumnos de la UNPSJB concentrándose especialmente en quienes asisten a las conmemoraciones del 22 de Agosto. El espectro de los investigados es muy amplio e incluye también al Gobernador Das Neves y a la Ministra Nilda Garre.

La aparición de estos archivos reactivó las luchas por el sentido del pasado. Ambos, toman estado público en fechas simbólicamente significativas, puede estar vinculada a distintas razones políticas. Lo cierto es que en torno a su aparición se generó una tensión entre el derecho a la información y la privacidad de las personas que puede representar otra forma de violación o violentamiento sobre quién ya ha sido objeto de persecusión; la memoria de estos acontecimientos encierra en sí misma un alto contenido político.

Al comenzar este artículo aludimos a nuestra inquietud,  vocación y compromiso profesional. Desde el Departamento de Historia de la FHCS-UNPSJB ofrecimos mediante nota al Sr. Gobernador nuestra colaboración, pero nunca fuimos convocados. De todos modos, creemos que ciertas advertencias, por ejemplo, la inicial decisión de publicar toda la documentación obrante en Internet, fue reconsideradatencias, por ejemplo, la inicial decisir. ciencia, establecer mecanismos que pedag y a la fecha existe un marco regulatorio adecuado.

Como advierte Horacio Tarcus, “(…) necesitamos otro compromiso de los poderes públicos con la cultura, no sólo un mayor presupuesto para el área, sino también campañas públicas que ayuden a aumentar la conciencia social sobre el significado del patrimonio (edilicio y arqueológico, pero también fotográfico, bibliográfico, archivístico, etc.”[34]

Es necesario tener una acción rápida para que otros archivos, por ejemplo en la policía provincial, en el Hospital Santa Teresita de Rawson, -especialmente en el pabellón psiquiátrico-, en la Unidad Penitenciaria Nro. 6; en el Destacamento de Gendarmería; en el  Ministerio de Trabajo “no sean limpiados” los repositorios.

Los archivos de estas características no sólo brindan recursos para los procesos judiciales, sino también para la verdad. Creemos oportuno también desmitificar la relación con la última tecnología, porque bien sabemos que los soportes magnéticos demandan enormes inversiones y plantean nuevos problemas.

“Sin un acercamiento “adecuado” al pasado, el recuerdo se vuelve una estructura confiscatoria de la experiencia presente, atrapándolo en una imagen anacrónica o extemporánea. Hasta el propio Marx advirtió sobre el peligro de la presencia de un pasado que, vestido con ropajes nuevos, viene a conjurar aquello que de apertura potencial traen las relaciones sociales singulares de cada momento histórico.”[35]

Los historiadores que trabajamos con memoria, avanzamos sobre aspectos en los que los historiadores tradicionales se detienen al analizar el archivo o el documento, porque las “historias siguen” al decir de A. Portelli. La represión archiva también aquello que disimula o encripta.

En las actuales circunstancias debemos lograr ampliar el debate público para construir colectivamente la verdad histórica.

Siguiendo a Derrida sabemos que el archivo es instituyente y conservador; implica consignación, reagrupamiento, clasificación y organización; que es comienzo y ley –mandato- entonces no nos parece muy adecuado que no se haya decidido democratizarlo, buscando la participación social de todos los sujetos interesados; y tampoco se han hecho públicas las condiciones de su consulta. Concretamente nos referimos al resquemor de ciudadanos que sospechan que pueden estar incluidos y que no pertenecen al partido peronista. Es mas, en el momento de la presentación, el Gobernador, previa autorización de un colega universitario presente dio lectura a su ficha, y luego se dio lectura a un pedido de antecedentes de Joan Manuel Serrat, que algunos interpretaron como una banalización del acto. Nos preocupa que al ser instituyente, reciba un tratamiento semejante al de un museo, y por lo tanto congele conflictos de aplicabilidad de Derechos Humanos en el presente.

Consideramos que el poder político necesita controlar el archivo, pero al decir de Grüner el fetichismo no puede atravesarlo, y vaciándolo de contenido, hacerlo un artículo de propiedad. La archivación produce el acontecimiento y el fantasma que lo consultará mañana nos interpela.

La remisión a arconte o guardián debe también remitirnos a un espacio físico, y aquí vuelve a plantearse otra dificultad: sólo está proyectado el diseño del archivo histórico provincial –un gran edificio en construcción- pero hoy, el acervo histórico documental está disperso y no puede ser consultado. Mientras tanto, en la Subsecretaría de Derechos Humanos no se cuenta con instalaciones seguras, y paradigmáticamente el archivo de la represión de Chubut, está depositado y obviamente no puede ser consultado, en la bóveda central del Banco Provincial. ¿Puertas de acero resguardando la memoria?

En el trabajo de digitalización en curso se han abocado especialmente a la Causa 500, que es justamente la que mayores resguardos tiene, ya que ha sido construida durante el periodo democrático en el Juzgado Federal de Rawson. Por cierto vuelve a insistirse en la asociación entre verdad y aparato de justicia, descuidándose la tarea concientizadora de construcción participativa de verdad histórica.

Siempre hay conflicto con las políticas de memoria, al decir de Casullo son tematizaciones con alto voltaje político, y estamos convencidos de que es así, porque encierran el rastreo de una vía de identidad.

Sólo podemos hacer nuestra la siguiente aseveración de Jacques Hassoun: “Proclamar a la Historia caduca como lo hace Blanchot , o decir con Heidegger que es ‘envejecida, amnésica, distraída con relación al origen de su desarrollo y a la mañana de su florecimiento’ , representaría para nosotros un procedimiento que asocia al empecinamiento de la ceguera una trampa latente que intenta admitir a la escritura de la historia únicamente si es congelada y muerta, lapidaria, estatua con los ojos vacíos y la envoltura helada. Lo he dicho: se trata de apropiarse de la Historia, y también de su escritura.” [36]

De todos modos, sin justicia y sin sanción, la verdad no esta legitimada e institucionalizada.  “(…) la justicia debe saldar la deuda asumida por los que prometen un Estado de Derecho, es decir, un mundo justo. Para que, en esta forma, la memoria puede recobrar su libertad.”[37]

Archivos sensibles.

El archivo como decíamos antes, no es un lugar de cosas muertas, y este rasgo se profundiza cuando hablamos de archivos represivos. Los registros pueden ser del pasado, pero pueden y deben ser usados en el presente. 

En principio su aparición puede estar vinculada a distintas razones políticas, pero nos dice la experiencia de lo acontecido en Paraguay, con los archivos del Terror, que una vez descubiertos movilizan los pedidos de habeas data y la protección de la intimidad violada. Es imprescindible que los criterios técnicos y profesionales sobre ordenamiento, catalogación y apertura sean resguardados. Hay una tensión entre el derecho a la información y la privacidad de las personas que puede representar otra forma de violación o violentamiento sobre quién ya fue objeto de persecución y sospecha.

“(…) aún en las sociedades más democráticas y abiertas existen informaciones que no se pueden divulgar de manera irrestricta e inmediata. (…) Pero habría que fijar ciertos plazos para la accesibilidad, que sean suficientemente claros y conocidos de todos, y ahí es donde el problema se complica.”[38]

Se deben establecer las mayores garantías de seriedad y respeto de los derechos individuales, por ejemplo salvaguardando las identidades políticas, raciales y religiosas, conforme a la legislación nacional e internacional vigente sobre archivos sensibles. La búsqueda de la verdad  debe proteger, considerando que los datos contenidos pueden encerrar difamación y calumnia.

Es oportuna la constitución de equipos interdisciplinarios de peritos: abogados, comunicadores, historiadores para el análisis, mapeo y desclasificación del archivo.

Debemos apuntar a lograr que su consulta sirva a su reapropiación social, considerando que comporta un valor ético y jurídico de primer orden para buscar la verdad, la compensación y su reparación. Debe contribuir a la construcción de la memoria colectiva y a la glocalización de los Derechos Humanos.

Temas controvertidos: ¿de quién es el archivo? ¿Qué objetos o documentos son de propiedad colectiva y cuáles son privados? ¿Qué es la propiedad colectiva? ¿Es del Estado? ¿Quién tiene acceso a los documentos? ¿Con qué restricciones? ¿Quién tiene el poder de decisión? , se plantean.

[39]

Para los archivos de las dictaduras existe una perspectiva particular: muchos se mantuvieron ocultos, y descubrirlos no fue una tarea sencilla. La mayoría de los que se han encontrado son policiales o de inteligencia, instituciones que fueron cerradas antes o después de la transición.

Ya un grupo de expertos, bajo auspicio de la UNESCO ha elaborado recomendaciones prácticas y éticas para su preservación y uso.[40] A continuación vamos a referirnos en extenso a esta propuesta procurando sintetizar los rasgos más importantes:

Una de las primeras medidas es preservar el patrimonio documental, procurando su conocimiento y divulgación ya que son un instrumento social insustituible para conformar las nuevas relaciones sociales. El efecto bumerang que en este sentido tienen los documentos que custodian es atípico y único, y requiere, desde el punto de vista profesional del archivero, una profunda reflexión sobre la gestión de tales fondos; a la vez que hace recaer sobre las instituciones archivísticas una desconocida responsabilidad.

No hay duda de que la dimensión histórica es enormemente importante, pero la repercusión social que tienen les viene conferida por convertirse en servicios públicos de primera magnitud.

Se puede alegar la importancia que los documentos generados en torno a la represión política revisten para la memoria de los pueblos, en la medida en que son testimonio insustituible de la represión sufrida por los mismos. Pero el más importante argumento para defender la conservación de los documentos represivos en el nuevo régimen democrático radica en la importancia que tales fondos documentales tienen para las personas afectadas por la represión como víctimas directas o indirectas de ella. Los documentos represivos serán esenciales en la nueva situación política para el ejercicio de derechos individuales: amnistía, indemnizaciones, pensiones, derechos civiles generales.

Son múltiples los usos posibles de estos documentos para la reafirmación democrática. Pero entre los fundamentales, referidos al ejercicio de derechos, tanto colectivos como individuales, que los archivos habrán de facilitar, citaremos los siguientes:

Derechos Colectivos

1.- El derecho de pueblos y naciones a elegir su propia transición política que está seriamente condicionado por la existencia de documentos.

2.- El derecho a la integridad de la memoria escrita de los pueblos debe ser irrenunciable. El olvido voluntario o el perdón, asumidos libremente por una comunidad que opta por esa vía de transición política, no pueden hacer desaparecer el patrimonio documental de un pueblo. Las naciones tienen el derecho y la obligación de preservar su memoria, de la que es testimonio esencial la depositada en sus archivos. El derecho a elegir la vía de transición excluye el de la destrucción de los documentos.

3.-El derecho a la verdad. Íntimamente ligado a los dos anteriores. Característica básica de las llamadas comisiones de Verdad.

4.- Derecho a conocer a los responsables de crímenes contra los derechos humanos: El derecho a conocer los nombres de los criminales y agentes de la represión debe ser considerado independientemente de cualquier decisión política sobre la exigencia o no de responsabilidades a los mismos, así como sobre su posible continuidad como servidores públicos.

Derechos Individuales

1.- Derecho a conocer el paradero de familiares desaparecidos en el período represivo.

2.- Derecho al conocimiento de los datos existentes sobre cualquier persona en los archivos represivos: conocido como "habeas data", que garantiza la capacidad de saber si en los servicios de información policiales o represivos existía alguna información sobre su persona.

3.- Derecho a la investigación histórica y científica: Todos los ciudadanos tienen el derecho de estudiar el pasado de la nación. El uso científico o histórico de los documentos, en todo caso, se verá limitado por la necesidad de proteger la privacidad de las víctimas de la represión así como de terceras partes mencionadas en los documentos.

4.- Derecho a la amnistía para presos y represaliados políticos: En todo proceso de transición a la democracia, las personas condenadas por los tribunales o despedidas de su trabajo por razones puramente políticas, religiosas, étnicas o raciales, será puesta en libertad, readmitida en el trabajo o compensada. Frecuentemente, sólo en los documentos de los archivos de los desaparecidos órganos represivos se hallan las pruebas de la naturaleza política, religiosa, étnica o racial de los cargos judiciales o los despidos.

5.- Derecho a la compensación y reparación de daños sufridos por las víctimas de la represión: Cuando las autoridades del nuevo régimen, democrático, deciden establecer compensaciones para aquellas personas que fueron víctimas de la represión, los documentos conservados en las desaparecidas instituciones represivas les aportarán las pruebas necesarias.

6.- Derecho a la restitución de bienes confiscados: Cuando los ciudadanos tengan, en el nuevo régimen, reconocido por la leyes el derecho a la restitución de los bienes personales confiscados por el régimen anterior debido a sus creencias o ideología, los documentos de los archivos de la represión aportarán, en este caso, la naturaleza de tales bienes así como los datos de la ubicación o destino de los mismos.

Necesidad de someter los archivos represivos a la Ley

Legislación y archivos deben a ir de la mano en los procesos de transición política. El legislador debe tener en cuenta los archivos y su papel instrumental para hacer que las medidas legislativas sean efectivas.

Conscientes de estas necesidades y del imprescindible papel instrumental de los documentos de la represión, la comunidad archivística en cada nación, desde las máximas autoridades publicas en la administración de archivos hasta el más humilde de los archiveros, deben impulsar el desarrollo legislativo de sus respectivos estados. Así, la salvaguardia de los derechos colectivos e individuales arriba descritos o cualesquiera otros que se pudieran reconocer, se debe sustentar en las siguientes medidas legales:

1.- Los conjuntos de documentos producidos o acumulados por los desaparecidos órganos de la represión deben ser puestos, tan pronto como sea posible, bajo el control de las nuevas autoridades democráticas, que deberán proceder a censar tales conjuntos. En el nuevo régimen democrático se deben crear, inmediatamente, comisiones, en las que estén presentes archiveros, que se hagan cargo de los documentos de estos cuerpos desaparecidos. Tales comisiones deberán, asimismo, tomar bajo su control los documentos de los servicios de inteligencia o fuerzas de orden público que continúen existiendo en el nuevo régimen. Las citadas comisiones deberán responsabilizarse de transferir los expedientes y documentos así seleccionados a los archivos generales de la nación o bien a los servicios archivísticos temporales que puedan ser creados para la compensación o reparación a las víctimas de la represión, para la depuración de responsabilidades o para el estudio de las Comisiones de Verdad.

2.- Los documentos de los desaparecidos órganos represivos deben ser conservados en instituciones archivísticas enmarcadas en el sistema general de archivos de las administraciones públicas del país, o bien en instituciones archivísticas especialmente creadas por el nuevo régimen con el propósito de exigir responsabilidades, compensar a las víctimas de la represión o cualquier otro de los propósitos mencionados entre los derechos colectivos e individuales anteriormente relacionados. La alternativa pues de crear una institución temporal que asuma estos cometidos es siempre preferible, pues contará con un equipo de trabajadores especialmente dedicados estas tareas, con lo que habrá un mejor servicio a los ciudadanos y no se reducirá la capacidad de los archivos convencionales. No obstante deberá quedar clara la provisionalidad de estas instituciones, toda vez que, como parte de la memoria colectiva que estos documentos son, su ubicación definitiva deben ser los archivos históricos de la nación.

3.- Deberán promoverse disposiciones que protejan legalmente los conjuntos documentales de los desaparecidos organismos represivos, como bienes de interés cultural.

4.- Deberán promoverse iniciativas legislativas encaminadas a garantizar el ejercicio de los derechos individuales con el apoyo de los archivos, bien mediante una nueva Ley general de archivos del país, que contemple la casuística descrita, o bien mediante normas parciales o concretas que desarrollen esa ley general cuando ésta exista y no vaya a ser modificada. Estas leyes generales o normas parciales deberán contemplar el papel de los archivos para ejercer estos derechos. De tal modo que garanticen:

-que toda persona tendrá derecho al libre acceso a los archivos para obtener información sobre la existencia o no de algún expediente u otra información recogida en cualquier otra forma, sobre su persona. Deberá asimismo garantizarse el acceso a tal información de la forma más eficaz posible que garantice, a la vez, la privacidad de terceros.

- que toda persona que no haya estado al servicio de los órganos represivos, tendrá el derecho a determinar, una vez conocida la existencia de documentos sobre ella, si tales documentos pueden o no ser consultados por terceros, entendiéndose, en todo caso, que sin declaración de los afectados, en un sentido o en otro, los expedientes personales de las víctimas de la represión estarán cerrados a la consulta pública sin el permiso expreso de aquellos, o de sus herederos, por el período de tiempo razonable que el legislador establezca. Igualmente se deberá regular la posibilidad de que los individuos puedan hacer constar cuantas correcciones o aclaraciones deseen hacer sobre los datos contenidos sobre ellos en sus expedientes personales. Tales correcciones, aclaraciones o manifestaciones, deberán incorporarse a los expedientes claramente diferenciadas de los documentos que el órgano represivo conservaba, que, por otra parte, no podrán ser modificados.

- que toda persona tendrá el derecho a acceder a los expedientes de los agentes de la represión, con las garantías que el legislador pueda establecer para garantizar la seguridad de las personas.

Necesidad de divulgar el conocimiento de los archivos represivos.

La culminación del proceso pasa por una correcta información y divulgación de los derechos que el nuevo régimen establece, así como por la difusión de los archivos e instituciones que habrán de apoyar estas medidas con el aporte de documentos. En esta labor de divulgación deben implicarse no sólo las instituciones de la Administración pública responsables, sino que debe invitarse a participar a los colectivos afectados, a los partidos políticos y sindicatos, a las instituciones religiosas, a las fundaciones e instituciones defensoras de los derechos humanos. En fin, la aproximación a los medios de comunicación social, principalmente radio y televisión debe ser esencial.

Necesidad de que los archiveros a cargo de los documentos de la represión asuman un código deontológico.

La elaboración de un código deontológico puede ser de gran ayuda en la reflexión sobre el tratamiento que deben tener los documentos. Como pauta para la confección de tales códigos, ofrecemos el siguiente conjunto de puntos que, a nuestro juicio, podrían constituir un punto de partida:

-Los fondos represivos son patrimonio de todo un Pueblo. Se deben preservar de la forma más íntegra posible. En su conjunto, y por extensión, son Patrimonio de toda la Humanidad en cuanto que deben fortalecer su memoria sobre los peligros de la intolerancia, el racismo y los totalitarismos políticos.

-El archivero es un ejecutor de la voluntad popular en cuanto a la vía elegida en el proceso de transición y se somete al imperio de la Ley.

-Los derechos individuales de las víctimas de la represión política tienen preferencia sobre la investigación histórica.

-Ningún documento será desplazado de su ubicación en el archivo por un criterio de selección basado en su valor para la investigación histórica.

-El archivero no es un censor. Serán las leyes las que determinen qué documentos, y en que forma pueden ser libremente accesibles.

-El archivero se convierte en la práctica en intérprete de las leyes relativas al acceso cuando éstas no matizan suficientemente determinados casos o situaciones. En tales circunstancias, deberá asesorarse por expertos en derecho administrativo y siempre intentará buscar el equilibrio entre intereses y derechos en competencia. La más frecuente y también la más difícil confrontación se suele producir entre el derecho a la privacidad y el derecho a la investigación histórica. En tales casos la despersonalización de los posibles nombres de víctimas o terceros en reproducciones de los documentos originales puede ser una solución.

-El archivero atenderá, con la mayor diligencia posible, las solicitudes de certificación o validación de fotocopias presentadas para hacer valer los derechos de las víctimas de la represión o de cualquier otra persona.

-El archivero establecerá los controles necesarios para proteger los documentos con información sensible bajo la custodia del archivo. Los documentos de la represión se conservarán, en los archivos generales, en depósitos separados con especiales medidas de seguridad. Sólo el personal del archivo debidamente autorizado tendrá acceso a estos documentos.

- El archivero limitará el uso de las bases de datos automatizadas que relacionen a las víctimas de la represión a los usos necesarios para el ejercicio del "habeas data". Estas bases de datos se usarán exclusivamente para facilitar el conocimiento de la existencia de documentos sobre las personas y la localización de los mismos. No se deberá autorizar ningún otro uso administrativo o gubernamental de estas bases de datos.

Consideraciones y Recomendaciones Archivísticas.

Como norma general hemos de considerar que los principios generales de la archivística son también válidos para los archivos de la represión. Es frecuente que la aparente mezcla de documentos presentes en los archivos de las instituciones represivas, sobre todo en los servicios de información, haga pensar al archivero en la necesidad de una nueva y global clasificación de los documentos. El archivero no debe precipitarse en esas apreciaciones. Generalmente, tras esa apariencia de desorganización se esconde una lógica, quizás muy simple, pero que garantizaba una gran eficacia en las labores que el organismo asumía. La lógica policial determina una estructuración particular de estos fondos documentales. Aquí, los principios de respeto a los fondos y a su orden original deben ser mantenidos. La labor del archivero será esencialmente la de conocer la dinámica de actuación de esas instituciones y la de hacer entender la misma mediante los cuadros de clasificación y los instrumentos de descripción que elabore.

Identificación de fondos.

El primer trabajo archivístico a realizar será el de identificación de fondos. Los archiveros deben conocer qué agencia, organismo o institución produjo el conjunto de documentos a los que se ha de enfrentar. Debemos analizar la evolución histórica de su estructura y competencias así como su dependencia orgánica y administrativa.

Un correcto trabajo de análisis de las estructuras y competencias de los organismos es el mejor medio para comprender las claves de la organización de sus documentos. El trabajo de identificación deberá comenzar por el estudio de las disposiciones legales y las normas internas que regularon el funcionamiento del organismo a lo largo de su historia.

Un transporte incontrolado de la documentación sí que puede desvirtuar irreparablemente la organización original de los documentos.

La variedad de instituciones represivas es muy amplia ya que delimitar el alcance del término "represión" no es sencillo. Hemos de hacer extensivo el concepto no sólo a las ideas políticas si no a todo el ámbito de la ideología y las conductas personales: religión, pensamiento filosófico, conducta sexual y demás libertades reconocidas por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que será nuestro referente. Así el grupo de trabajo UNESCO-ICA ha establecido las siguientes categorías de instituciones represivas: servicios de inteligencia, cuerpos paramilitares, tribunales especiales, campos de concentración, prisiones especiales, centros psiquiátricos para la "reeducación" y otros. Eso en cuanto a las instituciones especialmente creadas por los regímenes represivos y que están única y exclusivamente ligadas a la pervivencia de los mismos. Sin embargo encontramos también documentación represiva en instituciones tradicionales de la Administración que han continuado existiendo a la finalización de los regímenes totalitarios. Entre ellas el grupo ha establecido las siguientes categorías: Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpos de Seguridad, Tribunales Ordinarios y Órganos de la Administración Civil.

De entre todas estas categorías de instituciones, las que presentan una tipología documental más característica y alejada de la organización tradicional de los documentos de la Administración pública, son los servicios de inteligencia. Por otra parte, sus archivos son los más ricos en cuanto a información sobre personas y organismos represaliados.

Es por ello muy importante que la relación entre fichas y documentos no se rompa en ningún caso: la coherencia global de la organización de los documentos de los servicios de inteligencia la determinan los ficheros o índices automatizados.

Trabajo de valoración.

Hay dos tareas de valoración fundamentales para el archivero que trabaja con documentos represivos: 1) el estudio de las diferentes series documentales identificadas para conocer su valor en cuanto a la protección de los derechos individuales así como en cuanto a su valor informativo como evidencia para la historia del organismo represivo y del país en general; y 2) la selección de expedientes que afectan a la persecución de los derechos humanos, con el fin de separarlos del resto de documentos de aquellos organismos tradicionales que continúen existiendo en la democracia. Así, distinguiremos entre un trabajo de valoración en fondos cerrados y otro trabajo de valoración en fondos abiertos.

En relación con el trabajo de valoración en fondos cerrados, una vez que las diferentes series han sido identificadas, debemos determinar su respectivo valor: legal y administrativo por un lado, e informativo por otro. Sobre el valor legal de los documentos habremos de entrar, antes que nada, en el debate acerca de la autenticidad y la veracidad. Muchas series de documentos represivos se caracterizan por la ausencia absoluta en sus documentos de elementos de validación (firmas o sellos). Ese es el caso, por ejemplo, de las fichas autoexplicativas. No cabe duda de que los datos que contienen en muchos casos, son puras mentiras. Pero son documentos auténticos. En el período democrático los documentos represivos de los anteriores regímenes se convierten en auténticas y verdaderas pruebas de la actuación contra personas por motivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos y raciales.

Un valor especial tendrá también la serie documental de los expedientes personales de los agentes y empleados de los servicios represivos. Dentro de estos expedientes, especialmente en las "hojas de servicio", cuando se trata de personal militarizado, se ven reflejados los datos biográficos de los mismos, que serán fundamentales para responder a las preguntas sobre sus responsabilidades en la represión.

Todos los expedientes que contengan información sobre personas que fueron víctimas de la represión deben ser conservados, en relación con su valor primario para el ejercicio de derechos, al menos durante 75 años después de su fecha de creación. Pero estos documentos son también de un gran valor histórico para conocer el alcance real de las actuaciones represivas. Así, si es posible, deben ser considerados de conservación permanente.

En el caso de los fondos abiertos, la selección de los expedientes que deberán ser separados de los documentos operativos del organismo se debe basar en la tipología de los delitos. Los criterios de selección deberán ser tan amplios como sea posible: en aquellos expedientes en los que haya dudas sobre su inclusión debemos proponer asimismo su transferencia. En los fondos abiertos hay también que discriminar los documentos clasificados como secretos relacionados con la represión de derechos humanos. Este trabajo sólo será posible si las comisiones encargadas de analizar los documentos de las instituciones, no encuentran obstáculos en el organismo en el que van a trabajar. Obviamente todos sus miembros estarán afectados por las leyes de secretos oficiales, en cuanto a su discreción en el manejo de los auténticos secretos de Estado, para lo que deberán recibir las autorizaciones pertinentes.

Principio de procedencia.

Hemos hablado anteriormente del carácter atípico de los documentos de los servicios de inteligencia frente a otros organismos represivos como tribunales, prisiones, hospitales, etc. y comentado la frecuente presencia de documentos incautados a personas o instituciones civiles, o políticas con el fin de integrar sus documentos, a efectos informativos, con el resto de sus fuentes, tales como periódicos, informes de agentes, etc. Pues bien, cuando los documentos de estos servicios de inteligencia son transferidos a los archivos generales dentro de la Administración democrática, el único principio de procedencia a respetar, será este último, es decir, el de los documentos creados, recopilados y manipulados por los servicios de información.

Integridad de los fondos.

Relacionado con el Principio de procedencia, debemos aceptar el Principio de integridad de los fondos. Otra cuestión a considerar es el mismo concepto de fondo en el caso de las ramas de la policía o del ejército especializadas en la represión. Para estos cuerpos especiales, cuando sus documentos se encuentran separados del resto, es recomendable considerarlos como un fondo propio, siguiendo una concepción minimalista y, de este modo, tratarlo como fondo cerrado transfiriendo sus documentos a los archivos generales.

Descripción.

El trabajo descriptivo será similar al que tradicionalmente acometen los archiveros, procurando en un programa a medio plazo generar instrumentos de descripción de carácter general como guías e inventarios, que hagan posible un conocimiento global del contenido. Los ficheros realizados por los servicios represivos, si bien serán de una gran utilidad para el archivero, no deben ser considerados instrumentos de descripción ni ofrecidos como tales a los usuarios. Por el contrario, deben ser considerados documentos a proteger y a manejar como el resto de la documentación, almacenados en los depósitos y fuera del acceso público. Estos antiguos instrumentos de control quedarán por tanto limitados al manejo de los archiveros. Del mismo modo, el uso del ordenador en los trabajos de descripción, debe restringir la información que ofrezcan los instrumentos descriptivos así elaborados a los límites establecidos por las leyes de protección de la intimidad.

Administración archivística.

Un punto importante a tener en cuenta por el archivero que trabaja con documentos de los desaparecidos organismos represivos, será la cuestión de la seguridad en la conservación de los mismos. Son muchas las personas afectadas por estos documentos y, en algunos casos, especialmente en el de los antiguos agentes de estos organismos, pueden existir intereses en la destrucción de los documentos. Es recomendable que se arbitren serias medidas de seguridad en la conservación de los documentos.

La gestión de usuarios será un punto igualmente de importancia. Es recomendable la creación de una oficina de atención al público dentro del archivo, debería asumir la publicación de una guía de derechos colectivos e individuales garantizados por las leyes y efectivos mediante el uso del archivo y también proporcionar información básica sobre los contenidos documentales del archivo y sobre las condiciones de acceso y los servicios que el centro ofrece a los usuarios.

En Brasil, desde 1992 los archivos de las policías políticas fueron transferidos a archivos públicos provinciales y universitarios, pero ya antes fue motivo de debate parlamentario. Por ejemplo, “Nilo Batista, que era vicegobernador, consiguió hacer un Decreto que definía a esa documentación como pública, de interés histórico y de afirmación de la ciudadanía.[41]

Con fecha 16-12-2003 y siendo publicado en el Boletín Oficial al día siguiente, el actual Presidente Néstor Kirchner, y los Secretarios de Estado: Alberto Fernández y Gustavo Beliz, firmaron el Decreto 1259/2003 de Creación, Objetivos y Actividades fundamentales del Archivo Nacional de la Memoria. Dicha normativa contempla, garantiza y encuadra en términos generales la problemática a la que venimos refiriéndonos.

 CV Abreviado Mónica Gatica

Es Licenciada en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco". Aprobó su Tesis con recomendación de publicación 1993. Realizó estudios de posgrado, obteniendo una Especialización en Ciencias Sociales en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco" en 1997. Actualmente es Doctoranda en Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la Universidad Nacional de La Plata. Cursó y aprobó distintos seminarios de doctorado, focalizando sus estudios en torno a la problemática de las violaciones a los Derechos Humanos en el Cono Sur; las problemáticas identitarias y los estudios de memoria.

Se desempeña como docente ordinaria, profesora asociada en los contenidos de Historia de América Contemporánea, mediante concurso público en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en  la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco". También está asignada como profesora asociada en el espacio curricular de Tesis de Grado. Articula su investigación y docencia también con la historia de Patagonia, desempeñándose como profesora adjunta interina en un seminario.

Su investigación ha estado permanentemente articulada con una mirada “desde abajo”, trabajando con historia oral, identidad, y memoria. Cuenta con artículos y libros publicados, participación en Jornadas, Reuniones Científicas y Congresos Nacionales e Internacionales. Ha dictado conferencias y cursos de especialización, y brindado asesoramientos específicos para docencia en distintos niveles educativos. También ha integrado jurados de tesis de licenciatura, ha sido directora de tesis y de trabajos finales de carrera, y miembro del jurado de concursos docentes. Obtuvo becas en la institución en que se desempeña y en otras instituciones.


[1] Docente investigadora FHCS-UNP, Sede Trelew. Martín, Rivadavia 277, Playa Unión, Rawson, Chubut. Tél. 02965-496657 monicagracielagatica@yahoo.com.ar

[2] Academia Universal de las Culturas, ¿Por qué recordar? Ed. Granica – Ensayo, España. 2002, pg. 61.

[3] Scolnik, Sebastián. “Lo que callan los archivos” en La Biblioteca “El archivo como enigma de la historia”, Argentina,  2004-2005, pg. 33.

[4] Grüner, Eduardo  “Ni caverna ni laberinto: Biblioteca” en La Biblioteca “El archivo como enigma de la historia”  Argentina, 2004-2005, pg. 19.

[5] Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004, pg. 19.

[6] Derrida, Jaccques. Mal de archivo. Una impresión freudiana. Traducción de Paco Vidarte, en Editorial Trotta. Gerardo Fittipaldi escaneo, en sitio creado y actualizado por Horacio Potel, Derrida en castellano – Mal de archivo, 1997, pg. 6.

[7] Ib ídem, pg. 9. La cursiva y negrita corresponde al autor.

[8] Ib ídem, pg. 13.

[9] Casullo, Nicolás, “Presencias, ausencias y políticas” en La Biblioteca “El archivo como enigma de la historia” Argentina, 2004-2005, pg. 8). Un ejemplo puntual que nos permite ilustrar y problematizar la afirmación anterior, es la decisión política e institucional del Diario Jornada, que ha sido publicado ininterrumpidamente desde 1954 en la ciudad de Trelew, y que sin embargo en su archivo –perfectamente conservado, en tomos encuadernados e identificados por mes y año-, ha hecho “desaparecer” el ejemplar correspondiente a los sucesos del 22 de agosto de 1972, que fue publicado el día 23, y que hemos debido consultar en archivos particulares, donde se registra la masacre de los presos políticos en la base alte. Zar de Trelew.

[10] Alvaro, Daniel, “El archivo del mal” en La Biblioteca “El archivo como enigma de la historia” Argentina, 2004-2005, pg. 37.

[11]Derrida, Jaccques. Mal de archivo. Una impresión freudiana. Traducción de Paco Vidarte, en Editorial Trotta. Gerardo Fittipaldi escaneo, en sitio creado y actualizado por Horacio Potel, Derrida en castellano – Mal de archivo, 1997, pg. 20.

[12]Ib ídem, pg. 22.

[13] Roniger, Luis. “El discurso de los derechos humanos: problemas interpretativos en su inserción local.” En  Balaban, Oded y Megged, Amos (comp.) Impunidad y Derechos Humanos en América Latina. Perspectivas Teóricas” University of Haifa y Ediciones Al Margen., La Plata, 2003.

[14] Derrida, Jaccques. Mal de archivo. Una impresión freudiana. Traducción de Paco Vidarte, en Editorial Trotta. Gerardo Fittipaldi escaneo, en sitio creado y actualizado por Horacio Potel, Derrida en castellano – Mal de archivo, 1997, pg. 37.

[15] Ib ídem pg. 26.

[16] Ib ídem pg. 35.

[17] Casullo, Nicolás, “Presencias, ausencias y políticas” en La Biblioteca “El archivo como enigma de la historia” Argentina, 2004-2005, pg. 13.

[18] Grüner, Eduardo  “Ni caverna ni laberinto: Biblioteca” en La Biblioteca “El archivo como enigma de la historia”  Argentina, 2004-2005, pg. 19.

[19] Derrida, Jaccques. Mal de archivo. Una impresión freudiana. Traducción de Paco Vidarte, en Editorial Trotta. Gerardo Fittipaldi escaneo, en sitio creado y actualizado por Horacio Potel, Derrida en castellano – Mal de archivo, 1997, pg. 46.

[20] Ib ídem pg. 5.

[21] Alvaro, Daniel, “El archivo del mal” en La Biblioteca “El archivo como enigma de la historia” Argentina, 2004-2005, pg  39.

[22] Derrida, Jaccques. Mal de archivo. Una impresión freudiana. Traducción de Paco Vidarte, en Editorial Trotta. Gerardo Fittipaldi escaneo, en sitio creado y actualizado por Horacio Potel, Derrida en castellano – Mal de archivo, 1997, pg. 4 .

[23]Ib ídem pg. 4.

[24] Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004, pg. 216-217.

[25] Ib ídem pg. 219.

[26] Balaban, Oded y Megged, Amos (comp.) Impunidad y Derechos Humanos en América Latina. Perspectivas Teóricas” University of Haifa y Ediciones Al Margen., La Plata, 2003, pg. 119.

[27] Academia Universal de las Culturas, ¿Por qué recordar? Ed. Granica – Ensayo, España. 2002, pg. 80.

[28] Balaban, Oded y Megged, Amos (comp.) Impunidad y Derechos Humanos en América Latina. Perspectivas Teóricas” University of Haifa y Ediciones Al Margen., La Plata, 2003, pg. 122.

[29] Agamben, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III, Traducción de Antonio Gimeno Cuspinera, Pre-textos, Madrid, 2000, pg. 26.

[30] Casullo, Nicolás, “Presencias, ausencias y políticas” en La Biblioteca “El archivo como enigma de la historia” Argentina, 2004-2005, pg 12.

[31] Diario Jornada 28 de Marzo de 2004, pg.4 y 5.

[32] Diario de Rawson, Lunes 26 de Abril de 2004. Tapa.

[33] Publicado por direccionprensa en Julio 1, 2005 10:53 AM

[34] Tarcus, Horacio. “¿El drenaje patrimonial como destino? Bibliotecas, hemerotecas y archivos argentinos, un caso de subdesarrollo cultural” en La Biblioteca “El archivo como enigma de la historia”, Argentina, 2004-2005, pg. 27.

[35] Scolnik, Sebastián. “Lo que callan los archivos” en La Biblioteca “El archivo como enigma de la historia”, Argentina,  2004-2005, pg.  31.

[36] Hassoun, Jacques. (1998) El exilio de la memoria. La ruptura de Auschwitz., Traducción de Jacques Algasi. Xavier Bóveda Ediciones. Buenos Aires. 1998 pg. 49-50.

[37] Academia Universal de las Culturas, ¿Por qué recordar? Ed. Granica – Ensayo, España. 2002, pg. 90.

[38] Academia Universal de las Culturas, ¿Por qué recordar? Ed. Granica – Ensayo, España. 2002, pg. 140.

[39] Da Silva Catela, Ludmila y Jelin, Elizabeth. Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad. Siglo Veintiuno de España y Argentina Editores, España, 2002, pg. 2.

[40] González Quintana, Antonio. (1998) “Los archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos”, París: UNESCO, http://www.unesco.org/ webworld /ramp /secret_spanish.htm.

[41] Da Silva Catela, Ludmila y Jelin, Elizabeth. Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad. Siglo Veintiuno de España y Argentina Editores, España, 2002, pg. 48.

Publicado el: 16/11/2011 / Leido: 7003 veces / Comentarios: 0 / Archivos Adjuntos: 0

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